La decisión del juez sobre los presos marcará la campaña

Siete de los ocho exconsejeros que permanecen en prisión —la excepción es Meritxell Borràs, extitular de Gobernación— ocupan puestos de salida en las candidaturas independentistas de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana. Todos ellos han solicitado al Tribunal Supremo que les deje en libertad para poder participar en la campaña. De lo contrario, han advertido, se lesionaría su derecho a la participación política y, también, el derecho de los ciudadanos a escogerles.

Los exconsejeros, encarcelados por sedición y rebelión por orden de la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre, declararon el viernes ante el Supremo, que investiga ahora la causa. Para lograr su puesta en libertad, acataron la aplicación del artículo 155 de la Constitución —pese a expresar, como el exvicepresidente Oriol Junqueras, su “profunda discrepancia”— y se comprometieron a cumplir la ley. Siguieron así la vía Forcadell: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, logró quedar en libertad bajo fianza tras anunciar que pensaba actuar bajo el marco constitucional. En la misma línea se expresaron los líderes independentistas encarcelados por sedición: el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

A la Fiscalía no le convencieron los argumentos y pidió que sigan en prisión porque aún existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. La mayoría de partidos, tanto independentistas como constitucionalistas, dan por hecho que Llarena les comunicará hoy, a las 9.00, que les impone una fianza como condición para eludir la prisión. Todo está preparado. Auspiciado por la ANC, el entorno independentista ha recaudado dinero para abonar esas fianzas. Y este fin de semana se ha redoblado la presión en las calles para exigir su puesta en libertad: el sábado, con un concierto multitudinario en el Estadio Olímpico de Barcelona, que atrajo a 50.000 personas; este domingo, con una concentración de más de 10.000 músicos en la plaza de España.

Llarena se ha dado margen —el viernes y el fin de semana— para tomar la decisión, que marcará el rumbo de la contienda electoral. No es lo mismo que las dos semanas de campaña se desarrollen con algunos de los candidatos presos —un argumento que los independentistas pueden emplear para desacreditar los comicios en caso de derrota— a que lo haga con los candidatos presentes en actos y mítines.

Candidato en Bruselas

Distinta es la situación de Carles Puigdemont, que abandera la candidatura de Junts per Catalunya y que —salvo que decida regresar a España— deberá hacer campaña desde la distancia. A la misma hora a la que Llarena comunicará la decisión a los exconsejeros, un juez belga ha citado a Puigdemont para que presente alegaciones sobre su extradición a España. La defensa de Puigdemont y de los cuatro exconsejeros huidos con él a Bruselas argumentará, entre otras cosas, que los delitos por los que España solicita su entrega no encajan en la legislación belga, y que si son entregados se enfrentarán a un juicio “político” y “sin garantías”. El juez no adoptará este lunes la decisión.

“Es insostenible que haya elecciones en Cataluña con una gran parte de los candidatos en la cárcel”, insistió este domingo Puigdemont en una entrevista en el diario De Standaard. Junqueras, por su parte, se mostró prudente ante la decisión del Supremo. En una entrevista en El Periódico, el exvicepresidente aseguró que no las tiene todas consigo para salir de prisión: “Nos tienen muchas ganas. El 2 de noviembre tenía muy claro que nos encerraban”. Junqueras aprovechó para lanzar, al mismo tiempo, munición política: “La ofensiva anticatalana solo se frena ganando el 21-D”.