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Cataluña afronta su futuro en una campaña tan atípica como decisiva

Los bloques independentista y constitucionalista ambicionan ganar tanto en escaños como en votos

Marcela Topor, mujer de Puigdemont, mira su comparecencia des de Bruselas.

Mañana a medianoche comienza la campaña electoral más decisiva y atípica en Cataluña desde la restitución de la democracia. Se llega aquí después de que el presidente Mariano Rajoy interviniera la Generalitat bajo el amparo constitucional y adelantara los comicios tras la declaración unilateral de independencia. Los soberanistas hacen otra lectura: es un plebiscito contra el Gobierno y un aval a su apuesta. El secesionismo llega dividido y con candidatos huidos de la justicia. El constitucionalismo tampoco aclara cómo será el 22-D. Y el empate que dibujan las encuestas deja como árbitro al partido de Ada Colau.

Cada cita electoral es un mundo, pero la del 21-D tiene características que la hacen atípica. Su convocatoria, para empezar, fue sui generis. La potestad legal para disolver el Parlament es del president. Con la aplicación del 155 de la Constitución y el cese del Govern de Carles Puigdemont, Rajoy recuperó la competencia. Y sorprendió utilizándola más rápido de lo esperado. Se votará un jueves, laborable y cuatro días antes de la Nochebuena.

Todas las formaciones coinciden en que no son unos comicios normales, aunque difieren en el acento que le dan a ese calificativo. Esquerra Republicana, el Partido Demócrata Catalán (PDeCAT) y la CUP han insistido cada día de precampaña en que se trata de un adelanto electoral “ilegítimo e ilegal” porque solo reconocen como legítimo al Govern cesado. Pese a ello, no dudaron en concurrir desde el minuto uno. La número dos de ERC, Marta Rovira, argumenta que la única legitimidad de los comicios la otorga el hecho de que el independentismo participe.

Incluso Xavier García Albiol, el candidato del PP a la Generalitat, expresó su sorpresa por la rapidez en la convocatoria. El popular aseguró que prefería que la votación llegara en seis meses, tiempo en el que el Gobierno central podría hacer cambios en campos como la educación o los medios de comunicación públicos catalanes, aprovechando el artículo 155. Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, aseguró ayer que “quedan 20 días para que acabe el procés”.

Pero para el expresidente Carles Puigdemont, que se encuentra a la espera de que la justicia belga decida sobre su extradición, estas elecciones son “una segunda vuelta” del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. En esa jornada el independentismo cosechó 2,2 millones de votos, en una consulta sin garantías electorales. Y en esos resultados se escuda la lista del expresident, Junts per Catalunya, que reclama “otra victoria histórica para hacer de la vía pacífica y democrática el único camino para avanzar”. El planteamiento del independentismo es ganarle a Rajoy la partida con sus propias reglas de juego.

Cada voto contará. Tanto es así que el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, calentó la precampaña al sembrar dudas, sin mostrar pruebas, sobre la limpieza del escrutinio del 21-D. Su partido, explicó, reforzará el recuento paralelo que suelen hacer las formaciones en las noches electorales para evitar un “pucherazo”. El bloque constitucionalista y el Gobierno central se le echaron al cuello.

Diez millones de euros de presupuesto

Los siete grandes partidos que concurren a las elecciones catalanas prevén gastar más de 10 millones de euros en la campaña. Todos hacen una previsión de escaños ya que reciben una subvención del Estado por cada uno que finalmente obtengan.

Ciudadanos hará la campaña más cara: 2,1 millones de euros (750.000 euros para el envío de propaganda). ERC y el PP gastarán una cantidad idéntica, 1,8 millones. Los populares, que tienen los peores pronósticos en los sondeos, son la única formación que baja el presupuesto.

El PSC prevé gastar 1,7 millones. Junts per Catalunya, 1,4 millones. Catalunya en Comú, 790.000 euros. La CUP destinará 430.000 euros.

La posible liberación de los ocho exconsejeros, ahora en prisión preventiva por decisión de la Audiencia Nacional —siete de ellos candidatos— o de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, no devolverá la normalidad a una campaña donde otros candidatos están huidos de la justicia. La intervención ayer por vídeo de Puigdemont, en un acto en Girona, fue un ejemplo de la telecampaña que se vivirá en Cataluña. En ocasiones, la ausencia de un candidato lo hace más presente. Y en eso se esfuerza a diario el expresident.

Ganar en escaños y votos

La crispación de la precampaña se ha hecho evidente en las quejas de algunos partidos. Desde las juntas electorales provinciales explican que han recibido varios escritos del PP, Ciudadanos, el PSC y Sociedad Civil Catalana sobre posibles ataques a la neutralidad de los comicios. El PP en Barcelona, por ejemplo, se quejó de que el Ayuntamiento autorizara que algunas fuentes públicas se iluminen de amarillo en solidaridad con los encarcelados. Por su parte, el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, criticó el viernes a la Junta Electoral central por lo que considera el exceso de “prohibiciones a las que se ha sometido a expresiones democráticas y transparentes”.

Las encuestas no muestran un 22-D muy diferente de la actual composición del Parlament. Ambos bloques quieren ganar tanto en escaños como en votos y así poder hacer una lectura inequívoca. No será fácil. El secesionismo es víctima de su discurso maximalista del pasado. Ya puso toda la carne en el asador en las pasadas autonómicas, el 27 de septiembre de 2015. Bajo el eslogan El voto de tu vida, Junts pel Sí (Convergència más ERC) cosechó 1.628.714 votos, casi el 40% del total. Ahora llega dividido en tres candidaturas. Esta vez no ha habido posibilidad de una lista conjunta. Los republicanos por primera vez tienen posibilidades reales de liderar la Generalitat y quieren cuidar su discurso para lograr la victoria, evitando quitar méritos a la figura de Puigdemont. La CUP no quiere saber nada del PDeCAT, que ha terminado diluido dentro de una lista de independientes confeccionada por el expresident.

La participación en las elecciones de 2015 fue de 77,4%, la más alta en unos comicios catalanes. Los partidos explican que las posibilidades de trasvase entre ambos bloques es casi inexistente y la lucha se enfoca entre similares. Incluso aceptan que el mejor aliado es el desánimo dentro de las huestes contrarias antes que la pesca de nuevos seguidores.

Ciudadanos —que los sondeos sitúan en el segundo lugar— y el PP buscan un compromiso claro del PSC con el constitucionalismo y le acusan de querer pactar con los republicanos. Sin embargo, el partido que tendría la llave del acuerdo, según las encuestas, es Catalunya en Comú, la formación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El último sondeo de Metroscopia para EL PAÍS dice que los ocho diputados que lograría esta coalición de izquierdas serán fundamentales para investir a un nuevo presidente catalán. Un independentismo que no quiere hacerse daño entre sus diferentes formaciones tiene en los comunes un comodín perfecto.

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