El desvío en Emarsa “no habría sido posible” sin Crespo y Morenilla, dice la fiscal
El ministerio público defiende que la llegada a la gerencia de Esteban Cuesta, enfermero de profesión y sin experiencia en gestión, fue una decisión del exalcalde de Manises
La Fiscalía de Valencia considera que la trama corrupta que desvió 23,5 millones de euros de la empresa pública Emarsa, que gestionó la depuradora valenciana de Pinedo, "no habría sido posible" sin el ex alto cargo de la Generalitat Juan José Morenilla y el expresidente de la entidad Enrique Crespo.
Así lo ha dicho este martes la fiscal Virginia Abad en la segunda de las vistas dedicadas a presentar las conclusiones del juicio por el caso Emarsa, y ha asegurado que el fraude se hizo mediante las comisiones de seguimiento, celebradas a puerta cerrada con "la única presencia" de los acusados principales y sin técnicos independientes.
Según la fiscal, ha quedado también acreditado durante el juicio que el cambio de gerencia y el nombramiento del nuevo gerente, Esteban Cuesta, enfermero de profesión y sin experiencia en la gestión de empresas, para quien la Fiscalía pide 24 años de prisión, fue una decisión "unilateral" de Crespo, quien le dio además "poderes ilimitados de gestión".
Para la Fiscalía ha quedado probado que tanto Morenilla, exgerente de la empresa de la Generalitat Epsar, una de las entidades matriz de Emarsa junto a Emshi y para quien la Acusación Pública pide diez años de prisión, como Crespo no informaron a los consejos de administración de las empresas de la adjudicación de la ampliación de la planta de Pinedo II a Emarsa.
"Esta atribución fue adoptada por Morenilla y Crespo, los dos responsables de las dos entidades que afectan a esta gestión", ha añadido la fiscal.
Ha asegurado asimismo que fue la empresa Epsar la que decidió el incremento de los costes de funcionamiento de Pinedo II, que entre 2004 y 2005 aumentó de siete a 11 millones de euros.
La fiscal ha añadido que hay una "correspondencia plena" entre la cantidad que se incrementa en el plan de ampliación de la planta de residuos, en 2004, y el que termina en las cuentas del empresario Jorge Ignacio Roca.
Asimismo, estima que los principales acusados abrieron cajas de seguridad bancarias en los años en los que se produjo el supuesto fraude.
