La concejal del PP Ramón-Llin afirma que no controló Emarsa pese a generarle sospechas

"Parecía que no se estaba gastado correctamente", afirma la responsable de Medio Ambiente con Rita Barberá

La concejal del PP de Valencia, María Ángeles Ramón-Llin, en una imagen de archivo.
La concejal del PP de Valencia, María Ángeles Ramón-Llin, en una imagen de archivo.JOSÉ JORDÁN

El Ayuntamiento de Valencia tuvo sospechas desde 2009 acerca del destino de los fondos públicos que gestionaba la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa), pero pese a ello no extremó los controles sobre la entidad. Lo ha reconocido este jueves en su declaración como testigo en el juicio por el saqueo de Emarsa María Ángeles Ramón-Llin, que era entonces concejal de Medio Ambiente en el Consistorio que dirigía la popular Rita Barberá.

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Emarsa era propiedad de una asamblea metropolitana (Emshi) de la que formaban parte una treintena de municipios. Valencia tenía el mayor porcentaje de voto, próximo a la mitad.

Durante al menos una década, según ha revelado el sumario de la macrocausa de corrupción y han confesado en el juicio una decena de acusados, la empresa pública fue objeto de un gran desfalco que la condujo a la quiebra y disolución en el año 2010 tras descubrirse un agujero de 17 millones de euros. Sus responsables, según estos testimonios, se repartían mensualmente hasta 300.000 euros, hicieron pagar a la empresa numerosos servicios y suministros falsos y viajaron y comieron por todo lo alto a costa de la sociedad.

Ramón-Llin ha reconocido que el funcionamiento de la empresa, que administraba la depuradora situada en Pinedo, pedanía del sur de Valencia, le generó sospechas, pero que lo atribuyó a la "mala gestión, nunca a actuaciones ilícitas". "Ves cosas que ocurren", "parecía que no se estaba gastando correctamente", ha declarado.

La principal sospecha, ha afirmado, procedía del hecho de que Emarsa parecía un pozo sin fondo: sus directivos estaban pidiendo siempre "más financiación". "Pero no establecimos ninguna fórmula de control". Ramón-Llin pensó que esa labor correspondía a la entidad de saneamiento de la Generalitat, Epsar, cuyos dos máximos responsables del momento se sientan también en el banquillo de los acusados.

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La edil, imputada en el caso Taula por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y financiación irregular del PP, ha admitido que recibió obsequios de Emarsa: "Acepté los regalos que me correspondían". Y ha considerado que cumplió con su labor: "Mi trabajo era escuchar atentamente a los directivos y técnicos de la empresa, que nos informaban de que todo era correcto".

A la concejal le han preguntado si no detectó falta de competencia en el entonces gerente de la planta, Esteban Cuesta, enfermero de profesión y defraudador confeso, que ha admitido ante el juicio que no tenía "ni idea" de gestión económica ni de depuración de aguas. Ramón-Llin ha dicho que no: "Por las explicaciones que nos ofrecía en el consejo de Administración daba la sensación de bastante solvencia y credibilidad".

"Parecía socialista"

La edil ha afirmado que cuando fue consciente de la crítica situación económica de Emarsa, se lo trasladó a la alcaldesa Barberá, se entrevistó con el entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, y se mostró partidaria de llevar el asunto a la justicia. "Yo insistía en presentar una querella, y el presidente [del consejo de administración de Emarsa, Enrique Crespo, entonces alcalde de Manises con el PP y hoy acusado en el juicio], me dijo que parecía socialista".

Después de la concejal ha declarado como testigo Ramón Marí, regidor socialista de Albal, que en el momento de los hechos era vicepresidente de Emarsa y denunció el caso a la fiscalía en 2010. Marí ha afirmado que durante años Crespo y Cuesta ocultaron datos al consejo de administración. "Se limitaban a decir que la empresa era deficitaria porque la Epsar (la entidad de saneamiento de la Generalitat) no daba dinero suficiente para sufragar todos los gastos que tenían".

Durante los últimos meses de Emarsa, ha añadido Marí, se dedicó a reclamar datos y llegó a la conclusión de que Crespo y Cuesta "mentían y enredaban". El alcalde de Albal también ha afirmado que trabajadores de la planta le advirtieron de que los directivos se llevaban documentación "en cajas" que cargaban en sus coches por las tardes, y que lo denunció.

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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