Cerco al polémico restaurante de la isla de Benidorm

El Ministerio de Medio Ambiente ha dictado una resolución en la que resuelve que la empresa que explota desde hace 50 años un restaurante en un islote de siete hectáreas frente a Benidorm no tiene derecho a hacerlo. El negocio ha sido denunciado reiteradamente por múltiples irregularidades, como carecer de licencia de actividad y realizar vertidos al mar, por la Asociación Costa Blanca Marine.

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Los dueños del negocio niegan las ilegalidades y afirman que en su día, a principios de los años noventa, pagaron al Ayuntamiento del municipio turístico "170.000 pesetas", unos 1.020 euros, a cambio de obtener permiso para trabajar en la isla. Y lamentan que ahora el Consistorio "no encuentra" el documento que así lo acredita.

El islote se ha convertido en un gran negocio que gestiona la familia Cervera, porque además del restaurante incluye el transporte en barcos desde el puerto hasta el lugar. Según la Asociación Costa Blanca Marine, sus clientes se cuentan por centenares al día, y podrían llegar a 2.000 en una sola jornada. La empresa califica de exagerados los cálculos de la asociación, pero no ofrece un número de clientes alternativo.

La resolución firmada por la directora general de Sostenibilidad de la costa y el mar, Raquel Orts, con fecha 26 de octubre de 2017 y recurrible, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, rechaza otorgar "la concesión para ocupación del dominio público marítimo terrestre" de la isla al Ayuntamiento de Benidorm y a las mercantiles Excursiones Marítimas Benidorm Sociedad Limitada y Ceburques Sociedad Limitada, que de facto la explotan. El islote forma parte del Parque Natural de la Serra Gelada.

El ministerio señala que durante la tramitación del expediente no ha quedado acreditada "la titularidad registral de ninguno de los interesados (el Consistorio y las empresas) sobre los terrenos solicitados en concesión, figurando como titular de los mismos el Estado".

"Adicionalmente", prosigue la resolución, "tampoco habría quedado acreditada en modo alguno la legalidad del uso de hostelería existente". "En ningún momento se ha aportado al expediente la necesaria licencia municipal para el desarrollo de esta actividad, ni la legalidad de la explotación del embarcadero, al no haberse aportado título administrativo habilitante para el uso de una instalación ubicada en el dominio público marítimo-terrestre".

Medio Ambiente señala que la construcción original de la isla, edificada en los años sesenta, lo fue mediante un acuerdo del Ayuntamiento "sobre terrenos de los que no tiene titularidad", porque siempre han pertenecido al Estado.

Mediante la reconversión de aquella construcción municipal, inicialmente la caseta de un guarda construida por el Ayuntamiento, en un establecimiento hostelero, José Cervera hizo "de este paraje natural su propio negocio de por vida" de forma ajena a la legalidad y "realizando directamente los vertidos de sus residuos al mar", sostiene la Asociación Costa Blanca. Un extremo que la empresa niega.

Transmitirlo a los hijos

La Asociación Costa Blanca fue creada por empresarios que, según explican, plantearon la posibilidad de explotar la zona y se encontraron con una suerte de exclusividad que, según sus investigaciones, no se sostenía en autorizaciones, sino en una tradición que procedía de la época franquista.

"No conformándose con haber explotado de forma presuntamente ilegal este paraje durante 40 años, Cervera quería transmitir la explotación a sus tres hijos", añade la asociación.

Fina Muñoz, de 73 años, esposa de Cervera, considera que su familia debe tener "algún derecho después de 50 años" explotando la isla. E insiste en que su momento pagaron por la autorización al Ayuntamiento, "que no es un señor que esté vendiendo ropa en una esquina".

Contra la resolución de la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente cabe recurso de reposición ante el mismo órgano y contencioso-administrativo ante los tribunales.