34 cámaras vigilarán montes desde mayo para evitar incendios

La red digital de videovigilancia para contribuir en la prevención de incendios forestales en los montes gallegos constará de 34 cámaras en una primera fase, que la Xunta espera que esté en marcha a partir de mayo. Además, los costes de extinción podrán ser repercutidos a los propietarios que incumplan su obligación de limpiar el monte, las distancias mínimas que establece la ley de montes o que mantengan en estado de abandono parcelas que fueron concentradas, en el caso de que estos incumplimientos "provoquen o agraven" un incendio forestal.

Así lo ha destacado este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha señalado que las cámaras cubrirán un 48% del territorio y las 73 parroquias de alta actividad incendiaria. Además, Feijóo ha expuesto las 12 medidas que Medio Rural presentó esta semana a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que, entre otros aspectos, habilitan para la expropiación de fincas de propietario desconocido y para intervenir en solares sin orden judicial. En este último caso, ha remarcado que "lo que es inviolable es el domicilio", para diferenciarlo de la finca que lo rodea.

Estas medidas, que modifican cuatro leyes, serán presentadas por el grupo parlamentario del PPdeG a modo de enmiendas, para su incorporación a la ley de acompañamiento de los presupuestos, según ha explicado el titular del Gobierno autonómico.

Montes comunales abandonados

El Consello ha analizado esta jornada un informe sobre las modificaciones relacionadas con la gestión forestal que la Xunta prevé que se incorporen a la ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos de 2018, con el fin de aplicarlas "de forma casi inmediata". Entre ellas, el Ejecutivo destaca el hecho de que los montes vecinales en mano común que no estén explotados adecuadamente podrán declararse en estado de grave abandono de forma que puedan ser incorporados al Banco de Terras.

Podrá ofertarse su gestión a terceros que estén dispuestos a poner el monte en valor durante 50 años, siempre y cuando la comunidad rechace el cuidado del monte o su puesta en valor. En el caso de terrenos que dificulten la gestión de los montes por parte de las sociedades de fomento forestal (Sofor), o bien se incorporarán al Banco de Terras o incluso se expropiarán. Feijóo ha justificado estos puntos en el hecho de que "el interés público" tiene que primar en casos en que aquellos que no quieren ordenar los montes perjudiquen a los que sí.

Además de estas nuevas enmiendas, la reunión semanal de la Xunta analizó el paquete de medidas en el que están involucrados los ayuntamientos, que recoge la que establece que los costes de extinción podrán ser repercutidos a los propietarios que incumplan sus obligaciones. A mayores, se incluirán en las redes primarias de gestión de biomasa las subestaciones eléctricas y estaciones de telecomunicaciones, lo que quiere decir que en los cinco metros de perímetro de estas instalaciones no se podrán plantar especies pirófitas y deberá gestionarse la biomasa.

Igualmente, se incluirán en las fajas secundarias las viviendas aisladas en suelos rústicos a más de 400 metros del monte. Se suprimen también las distinciones que se establecían sobre la plantación de especies pirófitas y a partir de ahora quedará prohibido plantar pinos, eucaliptos y acacias en los 50 metros en torno a edificaciones, viviendas y urbanizaciones, instalaciones, límite de suelo urbano, rural y urbanizable (las fajas secundarias de gestión de la biomasa). Respecto a la fecha en que los trabajos de roza tendrán que estar terminados, se adelanta al 31 de mayo, cuando hasta ahora estaba establecida en junio.

Entre las enmiendas, la Xunta también llama la atención sobre las que, asegura, permitirán agilizar las acciones que deben ejecutar las administraciones con carácter subsidiario. Una obligación que tienen "desde hace 10 años", según ha recordado Núñez Feijóo. Así, explica que, cuando se requiera gestionar la biomasa a propietarios de parcelas desconocidas e ilocalizables, "bastará con un aviso con un plazo de 15 días en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Galicia". Se abre también la posibilidad de limpiar los montes más descuidados sin que tenga que existir consentimiento de las personas responsables ni autorización judicial, siempre que estas parcelas no tengan consideración de domicilio.

Por otra parte, cuando exista un grave riesgo para las personas y los bienes materiales, podrán delimitarse por decreto las zonas de actuación prioritaria para que se limpien de forma inmediato. Llegará con una resolución de la propia Consellería de Medio Rural o de los ayuntamientos.

En este paquete de medidas se fija la posibilidad hasta de expropiar parcelas de titular desconocido en que no se esté gestionando debidamente la biomasa y, por tanto, tenga que hacerlo una administración pública. El requisito será que los costes de estos trabajos sean superiores al valor catastral del terreno.

De igual forma, se va a incorporar también la incautación de madera cuando sea la administración la que limpie ese territorio de forma subsidiaria. Si de esta venta existe beneficio, el importe resultante se incorpora a un fondo de nueva creación que permitirá tener presupuesto para ejecutar otras rozas.

A cuestiones de los medios de comunicación, Feijóo ha afirmado que informes de la asesoría jurídica de la Xunta avalan cada una de las medidas, y ha descartado que cualquiera de estas actuaciones vaya a tener carácter retroactivo. Además, ha incidido en la necesidad de cambiar "la cultura" para que los particulares se hagan responsables de sus terrenos y, aunque ha admitido que "no se va a poder llegar a todas las parcelas el próximo verano", ha abogado por hacer cumplir "las reglas de juego".

Interrogado por la falta de medios de los ayuntamientos, ha asumido que hay que "hablar" con ellos. "Quieren seguir hablando de financiación, y hablaremos", ha comentado. Por último, en relación con los plazos para cobrar las ayudas, se ha mostrado abierto a estudiar si hay que ampliarlos en el caso de que algún consistorio no haya tenido tiempo suficiente para presentar solicitudes.

Por otra parte, la red de vigilancia de los espacios forestales para apoyar la labor de detección y prevención y seguimiento de los incendios estará operativa en su primera fase en 2018, y contará con una inversión de casi 2,03 millones de euros hasta 2022.

Anunciada por Feijóo como una de las 30 medidas en la propuesta de acuerdo forestal, se gestionará a través de una plataforma tecnológica que facilitará la vigilancia remota de los montes desde un centro de control las 24 horas del día y permitirá a los agentes y técnicos forestales el acceso en tiempo real a las imágenes, incluso mediante dispositivos móviles.

Permitirá geoposicionar el punto exacto que se está visualizando como mecanismo de apoyo a la toma de decisiones por las autoridades y personal técnico para movilizar y gestionar medios y recursos para las labores de extinción. La red, que en esta primera etapa abarca una cobertura visual de 1,4 millones de hectáreas, se desplegará aprovechando las infraestructuras de Retegal. La Xunta definirá en una segunda fase cómo será su ampliación y prevé abrir una consulta pública al mercado para analizar la posibilidad de incorporar tecnologías innovadoras que mejoren la eficacia del dispositivo o permitan avanzar en la detección temprana de fuegos.