El funcionario que incumpla órdenes se enfrenta a la expulsión

El Gobierno controla desde ayer una plantilla de más de 200.000 empleados públicos de la Generalitat que deberán cumplir sus órdenes si no quieren enfrentarse a sanciones. Estas están recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público y pueden ir desde la suspensión hasta la separación del servicio (expulsión). El Gobierno no descarta que pueda llevar esas conductas a la fiscalía si las detecta.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución supone que el Gobierno central haya asumido una plantilla que, según el Departamento de Gobernación catalán, era en diciembre de 202.383 trabajadores. El grueso de esta (109.219) son funcionarios, pero también hay interinos (41.946), personal laboral indefinido (38.000) y temporales (12.552). El resto se trata de altos cargos, directivos y eventuales. Todos ellos, salvo los que hayan sido destituidos por los acuerdos del Consejo de Ministros, están bajo el control del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El hasta el viernes consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, se mostraba convencido el lunes pasado de que, en caso de aplicarse el artículo 155, los funcionarios continuarían “siguiendo las instrucciones” del Ejecutivo —ya destituido— de Carles Puigdemont. Algunos grupos de trabajadores del Departamento de Cultura y algunas escuelas anunciaron que así lo harían, pero las direcciones autonómicas de los sindicatos mayoritarios —contrarios tanto a la declaración de independencia como a las medidas del Gobierno— no se pronunciaron al respecto.

Infidelidad a la Constitución

La orden publicada el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fija que la vulneración de las medidas del acuerdo del Consejo de Ministros “se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto”, por lo que se penalizará de acuerdo con las infracciones previstas en “la normativa disciplinaria estatal o autonómica”. El régimen sancionador está contemplado dentro del Estatuto Básico del Empleado Público, que se aplica al personal laboral de la Administración General del Estado, al de las comunidades autónomas, las entidades locales y todos los organismos públicos y agencias que estén vinculadas con cualquiera de estos ejecutivos.

Esa norma, en efecto, contempla como “faltas muy graves” el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía y a la “desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior”. La misma ley establece las sanciones que pueden imponerse por ese tipo de infracciones: la separación del servicio de los funcionarios (expulsión) o la revocación del nombramiento en el caso de los interinos; el despido disciplinario del personal laboral y su inhabilitación para tener un contrato similar a las funciones que desempeñaba; la suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo por hasta seis años; el traslado forzoso —con o sin cambio de residencia—, o el demérito, es decir, la penalización para su carrera profesional.

Responsabilidad penal

La ley recoge que la suspensión de empleo lleva aparejado un proceso de instrucción durante el que, aun así, el funcionario puede ser suspendido cautelarmente hasta seis meses. Sin embargo, el Gobierno puede ir más allá. La orden del Consejo de Ministros también recoge, no obstante, que ese procedimiento sancionador puede llevarse a cabo “sin perjuicio” de la posibilidad de “poner los hechos en conocimiento del ministerio fiscal para exigir responsabilidades penales”.

Del mismo modo, el acuerdo también incluye un apartado para dar “seguridad jurídica” a los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat. Este establece que, en caso de que se hayan incoado, tramitado o resuelto expedientes a funcionarios por haber acatado resoluciones judiciales y del Tribunal Constitucional que hayan anulado “actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista” serán “nulos de pleno derecho e ineficaces”.

Por otra parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social dictó ayer los servicios mínimos de la huelga general convocada por el sindicato independentista Intersindical-CSC para el periodo de entre el 30 de octubre al 9 de noviembre. Ayer la organización minoritaria desconvocó la jornada del día 30, pero dijo que informaría sobre el resto de días. De momento, ningún otro sindicato de Cataluña se ha adherido a la convocatoria.