Los funcionarios piden no ser usados de escudos en la intervención del Estado

Los más de 110.000 funcionarios de la Generalitat (y más 40.000 interinos) viven con preocupación la antesala a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ven lleno de sombras sobre su alcance. Si bien los sindicatos esperan conocer los detalles para pronunciarse, algunos centros educativos y los trabajadores del departamento de Cultura aseguraron que solo obedecerán al Govern del president Carles Puigdemont. Desde UGT y CC OO hicieron ayer un llamamiento para “no ser los escudos humanos” en la intervención a la autonomía.

Los funcionarios de la Administración catalana están en el ojo del huracán de la aplicación del artículo 155, que ha comenzado a tramitarse en el Senado. La inquietud, la preocupación y las dudas sobre el acatamiento o la rebeldía jalonan su jornada. Eso hace que los posicionamientos tengan diversos matices. “Vamos a cumplir nuestra obligación como servidores públicos y va a haber muy pocos casos de desobediencia”, aseguró el responsable de CSIF en Cataluña, Joan Escanilla.

“No estamos de acuerdo ni con que se dude de la profesionalidad e independencia de los trabajadores públicos ni que el consejero Raül Romeva diga que no se seguirán órdenes de Madrid. Todo el mundo habla de los funcionarios, pero nadie habla con nosotros. No queremos ser escudos humanos”, pidió Carles Villalante, secretario de Política Institucional de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de la UGT. Se trata de una opinión compartida por los responsables de CC OO.

Sin embargo, también hay un grupo de funcionarios que aseguran que solo reconocerán la legitimidad del Parlament tras la toma de control de la Generalitat por parte del Gobierno. Ayer, grupos de trabajadores del departamento de Cultura decidieron en asamblea que solo reconocerán a “los representantes legítimamente escogidos”.

Algo similar pasa en la escuela. Varios directores de centros educativos, por ejemplo en Parets del Vallès o Cornellà (Barcelona), ya han expresado en Twitter su voluntad de reconocer solo al Govern. Incluso una de las asociaciones de maestros más reputada de Cataluña, la Rosa Sensat, se ha manifestado al respecto: “Resistimos 40 años de dictadura. Ahora también podremos resistir a la intervención de nuestra escuela y de nuestro Gobierno”.

Órdenes por escrito

Villalante, que espera una solución de último minuto que evite aplicar el 155, hizo un paralelismo entre la situación actual y la vivida antes de la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. En ese momento, el Gobierno central recordó a través de cartas la obligación de los funcionarios de cumplir con la Constitución, mientras que el Govern defendió que no pondría en riesgo a ningún funcionario. Los sindicatos presentes en la Mesa de la Función Pública lograron arrancarle al Departamento de Gobernación un protocolo en el cual se establecía que las órdenes se tenían que dar por escrito en caso de dudas sobre su legalidad.

Incluso desde IAC-CATAC, el sindicato mayoritario dentro de Enseñanza y próximo al independentismo, certifican la “preocupación” de los trabajadores. “No entendemos que las medidas sean del todo democráticas”, criticó su portavoz, Marc Casanovas.

El Consejo de Ministros también decidió el pasado sábado sobre las “responsabilidades patrimoniales, penales o de otro orden” que podrían desencadenarse a nivel disciplinario si se incumplen las instrucciones. Desde CC OO recuerdan que los procesos para abrir expedientes disciplinarios son reglados, por lo que las eventuales suspensiones no pueden ser automáticas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó ayer que “los funcionarios han jurado cumplir la Constitución. Estoy completamente seguro de que así va a seguir siendo, con independencia de quien esté al frente”, aseguró.