2.500 archivos confidenciales cayeron en manos de narcos gallegos

Llevaban seis meses actuando como “agentes dobles” y ya habían desbaratado cuatro redadas policiales que tenían en el punto de mira a grupos de narcotraficantes que importaban cocaína a Galicia. Tras ser detectadas las primeras fugas de información en febrero de 2013, una investigación interna en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra descubrió a los supuestos topos: dos jóvenes guardias, uno de ellos miembro del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) y el otro, de la Sección de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

Javier López Suárez, de 33 años, y Diego Fontán Cuesta, de 34, recopilaron presuntamente material sensible, tanto informático como fotográfico que hacían llegar a los grupos de narcos investigados. Operativos, seguimientos de la unidad, oficios para solicitar pinchazos telefónicos, listado de agentes y sus confidentes o cualquier documento tramitado ante los juzgados llegaban a manos de los objetivos policiales, según la investigación.

En total, los dos guardias recopilaron 2.500 archivos en los que se filtraban actividades y estrategias operativas de los servicios antidroga que Javier López pasaba a su compañero Diego Fontán. La información llegaba a un presunto narco de Vilanova de Arousa, Juan Carlos Santorum Navazas, que hacía de mensajero y enlace entre los agentes y los traficantes. En su ordenador personal se encontraron hasta 500 de los archivos confidenciales que habían salido de la Comandancia de Pontevedra.

Fontán, hijo de otro guardia que había pertenecido también a la misma unidad de información, era el encargado de citarse con el intermediario y darle los soplos. Según el escrito de acusación del fiscal, “los dos imputados y el presunto traficante, formaban parte de un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de informaciones secretas y su posterior revelación a los presuntos narcotraficantes implicados en ellas.”

Los tres serán juzgados a partir de este martes en la Audiencia de Pontevedra. La fiscalía pide para los agentes 13 años de prisión por revelación de secretos, encubrimiento y delito contra la intimidad al haber desvelado la identidad de confidentes. “Fueron en todo momento conscientes de la ilegalidad de sus comportamientos, al conocer el perjuicio que para la administración pública y para los particulares afectados se generaba con su conducta, así como de las graves consecuencias que ello tenía para las investigaciones, actuando de manera concertada y coordinada”, señala la acusación pública.

La primera pista

Una fotografía en la que aparecían varios traficantes que organizaron envíos de cocaína y que desapareció del juzgado donde se instruían unas diligencias secretas contra el grupo puso en alerta a los investigadores. La prueba documental fue entregada por Javier López a Diego Fontán y este al intermediario que a su vez se la facilitó a los traficantes, “quienes a partir de ese momento extremaron las medidas de seguridad”, afirma el fiscal.

Dos meses después, el mismo agente de la unidad antidroga copió de un ordenador información referente a una investigación cuyo objetivo era otro presunto narcotraficante, Ricardo Torrado Alonso, alias Chechu, en un juzgado de Vilagarcía de Arousa. La información llegó hasta el imputado y por este motivo se frustró la operación y las diligencias que todavía estaban secretas se archivaron.

La filtración de datos continuó hasta un mes antes de ser detenidos ambos guardias, cuando estos se reúnen con el confidente para alertarle de las detenciones que había ordenado un juez para que los traficantes involucrados fueran advertidos. A partir de entonces, los narcos dejaron de utilizar los teléfonos móviles que estaban pinchados y modificaron sus movimientos hasta el punto que la redada contra ellos tuvo que ser desactivada.

Entre la relación de datos robados también apareció un archivo informático que contenía el listado de las llamadas de la policía a “fuentes vivas” o confidentes que colaboraban con el equipo antidroga. A esta información solo tenían acceso el teniente jefe y el sargento del grupo y estaba protegida mediante contraseña y encriptación, al contener datos reservados de las fuentes cuya filtración suponía un grave riesgo para la integridad física de estos colaboradores.

Los agentes llegaron incluso a pasar información personal reservada de los propios miembros de la unidad ECO Galicia que también se encontraba en un archivo informático que contenía un listado con las credenciales de cada uno y sus cometidos en este grupo de élite de la Guardia Civil.