Ahora Madrid aprueba la venta de suelo público para ajustar las cuentas

La coalición que gobierna la capital, Ahora Madrid, ha aprobado este lunes un plan de ajustes para cuadrar sus cuentas y respetar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El documento, adelantado por EL PAÍS, contempla la venta de suelo público destinado a "actividad económica" por un total de 203 millones de euros, además de recortes en servicios sociales e inversiones este año por 127 millones. El concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, responsable del plan, ha defendido el documento que "cumpla con la normativa vigente". PSOE, PP y Ciudadanos se han abstenido en la votación del pleno.

Sánchez Mato ha afirmado que su coalición "detesta la legalidad vigente", pero que la va a cumplir. En opinión de Mato, los recortes previstos este año a los presupuestos municipales carecen de sentido, puesto que el Consistorio goza de un elevado superávit (algo más de 1.000 millones de euros). También ha defendido que el incremento del gasto social se mantendrá, aunque ha reconocido que no le gusta "ningún PEF".

El edil ha achacado al Gobierno de Mariano Rajoy las correcciones que ejecutar: "No tiene ningún sentido someter las necesidades de la gente al cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad presupuestaria", ha afirmado y ha remarcado que la Comunidad de Madrid, gobernada por Cristina Cifuentes, también incumplió la regla de gasto, pero no tuvo que redactar un plan de ajuste. Y sobre el pago de la deuda ha agregado: "La Comunidad de Madrid ha crecido en 4.000 millones la deuda. La ciudad de Madrid ha disminuido la deuda en más de 2.000 millones".

Los partidos de la oposición han criticado duramente el documento y la gestión económica de Ahora Madrid. El PSOE se ha abstenido, apelando a la "responsabilidad". La concejal Erika Rodríguez (PSOE) ha afirmado que su grupo "no acepta recortes bajo ningún concepto". Rodríguez ha resaltado que la interpretación de la regla de gasto por parte de Hacienda es "injusta", pero ha subrayado los errores del ejecutivo municipal: "No estamos contento con la forma en la que ha actuado el gobierno [de Ahora Madrid]. En esta cruzada por la justicia en la que estamos juntos, no estamos satisfechos con el documento".

También el PP, liderado por José Luis Martínez-Almeida, se ha abstenido. Íñigo Henríquez de Luna, responsable de Economía, ha lamentado que el gobierno local no detalle los recortes previstos. De Luna ha achacado los retrasos en la aprobación del plan a la supuesta búsqueda de un rédito político por parte de Mato, aunque ha afirmado que este plan "no es el PEF de Mato, sino de Carmena". Según De Luna, la regidora ha "intervenido" la concejalía de Economía y ha aconsejado al edil a dimitir "por dignidad".

Miguel Ángel Redondo, de Ciudadanos, ha recordado que el año pasado el gobierno local incumplió la regla de gasto por la compra de un edificio por 100 millones de euros, que de haberse retrasado unos días habría evitado infringir la ley. "El incumplimiento de la regla de gasto en 2016 fue premeditada", ha sostenido y ha señalado que la falta de coherencia de comparar la situación financiera de un ayuntamiento con la del Estado o las Comunidades Autónomas. La formación, liderada por Begoña Villacís, también se ha abstenido.

Con este plan económico, el gobierno de Ahora Madrid busca cuadrar las cuentas incrementando los ingresos. Contempla vender suelo por más de 200 millones (sobre todo industrial, según dijo el concejal de Economía) y limitar así las pérdidas en el paquete de las inversiones. La venta de suelo público representa una novedad por parte de una formación que ha llegado a la alcaldía defendiendo la necesidad de no enajenar patrimonio público.

El plan de ajustes será remitido ahora al ministerio de Hacienda, que deberá dar su visto bueno. Hace más de un año, el departamento que dirige Cristóbal Montoro señaló que el Ayuntamiento de Madrid tenía que corregir su política de gasto para ajustarse a la Ley. Tras un incumplimiento reiterado del techo de gasto, este año el Consistorio ha tenido que retener créditos por 238 millones. Sobre la mesa todavía queda una posible multa de más de 100 millones, además de la intervención de la corporación.