Ahora Madrid vende suelo destinado a “actividad económica” para cuadrar las cuentas

El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto vender decenas de parcelas de suelo público por valor de 156 millones. Así lo refleja el Plan Económico y Financiero, documento al que ha accedido EL PAÍS, que se votará hoy en el pleno. Esa venta, que se ejecutará para ajustar las cuentas del Consistorio a la Ley de Estabilidad Presupuestaria como le exige el Ministerio de Hacienda, contraviene los principios políticos del programa electoral de Ahora Madrid. Pero también incomoda al PSOE, socio de investidura, que deberá decidir si apoyar o no el plan. Desde el Área de Economía se detalla que es suelo industrial.

La venta de suelo público implica cruzar una línea roja para Ahora Madrid. Esta coalición tenía la promesa de invertir el rumbo de la política urbanística del PP después de criticar duramente la venta de viviendas protegidas por parte de Ana Botella (sobre cuya operación abrió una comisión de investigación). Sin embargo, el partido de gobierno venderá ahora parcelas para "actividad económica" sobre las que podrían levantarse industrias, comercios, instalaciones municipales e, incluso, según las fuentes consultadas, en un futuro viviendas. Se trata, por tanto, de una "clara involución de la política del Ayuntamiento", lamentan fuentes de la operación.

Esa enajenación millonaria sacude no solo los equilibrios internos de la coalición, sino también del PSOE, que permitió a Carmena ser alcaldesa, y cuyos votos serán necesarios para aprobar el plan. La posición del partido es todavía una fuerte incógnita, aunque ayer la concejal del PSOE Erika Rodríguez consideró "injusta" la manera en la que el gobierno central del PP aplica la regla de gasto en Madrid, pero resaltó que su grupo se opone a los recortes y a la venta de suelo.

El plan de ajustes prevé una "estimación de venta de parcelas ubicadas en ámbitos de actividad económica que podría alcanzar un máximo de 157,9 millones". Se trata de una venta que se desglosa, según revelan los cuadros del documento, en 46 millones de enajenaciones para este año, y otros 110 para 2018. El plan de reajuste califica esta operación como la "principal fuente de recursos" para reconducir las finanzas dentro de los cauces de la ley. A esa venta, se sumarían recortes en servicios sociales y subvenciones, respectivamente por 52 y 27 millones solo para 2017, además de tijeretazos en inversiones por detallar, pero que podrían afectar al pacto presupuestario firmado en febrero con los socialistas

El concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, sostiene que la venta afectará a "suelo industrial" y que Ahora Madrid nunca se planteaba hacer empresas públicas industriales en la ciudad. "Madrid necesita dotaciones públicas (vivienda, centros sociales, dotaciones educativas y deportivas), pero no ha estado nunca en el programa de Ahora Madrid desarrollar un polo de empresas públicas industriales", afirma el edil, quien agrega que aun así el gobierno se reserva "importante cantidad de suelo" para ejecutar el plan de ampliación de factorías industrial acordado con el PSOE.

El Consistorio tiene que cuadrar sus cuentas después de que en los últimos dos años se gastó 250 millones más de lo permitido, entre otras cosas en la compra de un edificio en la calle de Alcalá. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada tras la reforma constituconal del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obliga a las corporaciones locales a controlar su gasto en función del crecimiento previsto del PIB nacional para evitar desequilibrios financieros. Se adoptó tras el pacto fiscal europeo (2012), que permitió a España recibir los fondos comunitarios para evitar la quiebra del sector bancario.

Ahora Madrid critica la normativa porque considera ilógico que un municipio con las cuentas saneadas —un superávit de 1.000 millones— no pueda incrementar su desembolso. El problema es que en dos años el gobierno local no ha respetado los límites del gasto. En 2015, desembolsó 17 millones más de los permitido, y en 2016, 234 millones. Ese incumplimiento fue criticado incluso por la Airef, una entidad independiente que, si bien aboga por modificar los parámetros de la ley, advirtió sobre la política financiera del Ayuntamiento de Madrid.

Dentro el gobierno local se ha multiplicado las voces escépticas sobre la gestión del concejal de Economía. Sánchez Mato lideró a finales del año pasado un pulso con el Ministerio de Hacienda, hasta que la regidora intervino para calmar las aguas. Carmena aseguró que cumplirá con las normativas, pese a criticarlas.

En agosto, los técnicos de Alcaldía preguntaron a la Interventora General si era necesario redactar otro plan de ajuste, después de que los dos últimos fueron rechazados por Montoro. La oposición interpretó esa petición como una "desautorización" a Sánchez Mato, cuya tesis era que no hacía falta. Sobre la mesa pesan posibles sanciones por más de 100 millones e incluso la intervención de la corporación.

El PP, liderado por José Luis Martínez-Almeida, cree que el Ayuntamiento "continúa su desafío" a Hacienda. Mientras que desde Ciudadanos creen que será rechazado porque no tiene en cuenta las advertencias del ministerio. Tras congelar este año más de 200 millones de las cuentas por los requerimientos de Hacienda, el gobierno local evitó buscar una conciliación con el ministro Cristóbal Montoro, sostienen fuentes municipales.

El Ayuntamiento financió, en cambio, inversiones con fondos que, en opinión de Hacienda, habían sido bloqueados. El Consistorio cree que esas operaciones son legales, pero Hacienda le ha llevado a los tribunales. De darle la razón, se deberán anular inversiones por 257 millones este año: una cuantía ingente para un ejecutivo al que le quedan dos años para demostrar haber cambiado el rumbo de la política municipal.