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OPINIÓN

Seguir viviendo juntos

La reforma constitucional no ha de ser un proceso unidireccional, ni abundar en la política de contentamiento con quienes solo persiguen la ruptura

La principal virtud de las manifestaciones de ayer y del domingo en Barcelona por la Constitución y la unidad de España es que suponen una refutación en toda regla de la principal premisa que preside el debate público catalán, que consiste en decir que, así como sobre la secesión hay dudas, sobre el sujeto de soberanía no las hay ni puede haberlas. Políticos y tertulianos soberanistas dicen constantemente que “según todas las encuestas el 80% de los catalanes quiere decidir su futuro”, alambicada perífrasis que les sirve para dar por sentado que tamaña mayoría es partidaria de un referéndum binario de autodeterminación.

A los pocos que nos atrevemos a discutir esa premisa se nos acusa de filibusterismo por volver sobre cuestiones ya superadas y se nos exige que, “para avanzar en el debate”, asumamos la lógica soberanista que presupone la existencia de dos pueblos homogéneos y oponibles entre sí, el catalán y el español. Según esta premisa, el pueblo catalán es un “sol poble” y el pueblo español, otro esencialmente distinto. No cabe la interpenetración. Así, el referéndum de autodeterminación se presenta como una exigencia democrática ineludible.

Para refutar esa premisa convertida en dogma por los nacionalistas y por los dirigentes de Podemos debería bastar con observar la composición del Parlament, donde Ciudadanos, PSC y PP, partidos que defienden la unidad de soberanía del pueblo español, representan al 40% de los ciudadanos de Cataluña. Pero por si eso fuera poco, y como los defensores de la premisa priorizan las encuestas, quizá convenga recordar que no está nada claro que la opinión de los líderes de Podemos coincida con la de sus votantes en la cuestión de la soberanía nacional. Según el CIS, solo el 19,2% de los votantes de la formación morada es partidario de que se reconozca a las autonomías la posibilidad de convertirse en estados independientes. Ni siquiera entre los electores de En Comú Podem son mayoría los que defienden esa posibilidad, que apoya el 33,8% de sus votantes catalanes. Por otra parte, tiene todo el sentido que los votantes de izquierdas, tradicionalmente comprometidos con la redistribución de la riqueza y con la solidaridad entre la clase trabajadora, no sean demasiado partidarios de un planteamiento que no predomina precisamente entre las regiones menos favorecidas de los Estados occidentales. Sin embargo, Xavier Domènech, Ada Colau y compañía siguen aferrados al mantra del 80% de los catalanes que reclama un referéndum que consagre la separación que preconizan los nacionalistas entre el pueblo catalán y el resto del pueblo español. Pocas premisas tan endebles habrán tenido tanto predicamento y habrán producido tanta obcecación política.

La manifestación del domingo en Barcelona, y también la de ayer, impugna esa disociación que pretende disfrazarse de argumento democrático, pese a que comporta necesariamente erosión de derechos de ciudadanía, ya sea de los catalanes con respecto al conjunto de España o de los españoles no catalanes en relación con Cataluña. Las manifestaciones desmienten la premisa, primero, porque, a pesar de la propaganda nacionalista que estos días enseña su cara más xenófoba hablando de “los de fuera”, la inmensa mayoría de los manifestantes éramos, somos catalanes. Por cierto, los castellanos, andaluces y demás españoles que nos acompañaron el domingo no son de fuera. Barcelona también es su casa y lo que pasa en Cataluña también les incumbe a ellos. ¿Acaso alguien llama forasteros a los gerundenses o ilerdenses que inundan de esteladas las calles de Barcelona cada 11 de septiembre? ¿Por qué tenemos que aceptar las premisas de los nacionalistas? ¿Por qué diablos deberíamos asumir el marco mental que pretenden imponernos?

Además, la presencia de conciudadanos del resto España supone la constatación de que por fin se percibe el alcance de lo que viene ocurriendo en Cataluña en los últimos años, que se comprende que el llamado problema catalán es en realidad el principal problema español y que su resolución es responsabilidad de todos, no solo de los catalanes. Después del 1-O todo parecía perdido, pero, tras la manifestación del domingo, vuelvo a estar convencido de que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y de toda España está deseando que se reconstruyan los puentes institucionales y que entre todos seamos capaces, mediante equilibrios razonables, de recuperar la concordia perdida en los últimos años.

Partiendo del respeto a la Constitución y de la necesidad de consenso, hay mucho de qué hablar entre todos. De ahí que muchos celebremos el acuerdo entre Rajoy y Pedro Sánchez para abrir el debate sobre la reforma constitucional en un plazo de seis meses. Ahora bien, la reforma no ha de ser un proceso unidireccional, ni mucho menos abundar en la política de contentamiento con quienes solo persiguen la ruptura, sino que debería servir para construir en sede multilateral espacios políticos de encuentro entre quienes aspiran a seguir viviendo juntos. Creo que vale la pena intentarlo. Ni que decir tiene que ese diálogo leal dentro de la ley nada tiene que ver con la añagaza de la mediación internacional a la que ahora se aferran los dirigentes independentistas para salvar los muebles.