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La asociación mayoritaria de jueces en Cataluña defiende el orden constitucional

"Quienes se apartan del Estado de Derecho pierden la legitimidad que solo brota de él y se ubican fuera de nuestro sistema democrático"

El País
Un grupo de estudiantes el centro de Barcelona.
Un grupo de estudiantes el centro de Barcelona.Enric Fontcuberta (EFE)
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La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces catalanes, ha defendido el orden constitucional en un comunicado publicado este viernes en el que afirma que "en Cataluña no tuvo lugar la celebración de un referéndum jurídicamente admisible". Cualquier iniciativa de la Generalitat que se base en él, como la declaración unilateral de independencia, y en las leyes de ruptura suspendidas por el Tribunal Constitucional carecerán de "cualquier clase de valor jurídico".

"Quienes se apartan del Estado de Derecho pierden la legitimidad que solo brota de él y se ubican fuera de nuestro sistema democrático", advierten los jueces catalanes, que recuerda que desde fuera de la legalidad, ya no "pueden pretender ampararse" en ese mismo sistema.

"Nuestras facultades jurisdiccionales provienen del pueblo español, en quien reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado", afirma la asociación, que insiste en que solo administrará justicia "en nombre del Rey, como Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley".

Los magistrados avisan: "Todos están obligados a respetar la independencia" de los jueces y envían también un mensaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad -ya sean estos locales, autonómicos o estatales-. Les recuerda que deben cumplir las órdenes que emanan de los juzgados y que quienes no lo hagan, "se apartan de nuestro sistema de convivencia y obran contra su condición de agentes de la fuerza pública".

Jueces y fiscales catalanes manifestaron en los días posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre que se sentían traicionados por los Mossos d'Esquadra por su pasividad para ejecturar la orden judicial para impedir la celebración de la consulta.

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