Casi 300 entidades siguen con las cuentas bloqueadas por la consulta

Más de una semana después de que el Ministerio de Hacienda bloquease todas las cuentas bancarias de la Generalitat, 296 entidades con participación pública tienen todavía congelados tanto sus ingresos como sus gastos. El ministro Cristóbal Montoro tomó esta decisión para impedir la preparación del referéndum de independencia convocado para el domingo, que está suspendido por el Tribunal Constitucional. El daño colateral lo sufren estas casi 300 entidades que también tienen las cuentas fiscalizadas: centros culturales, fundaciones privadas, universidades y, especialmente, centros de investigación.

El bloqueo de las cuentas implica que, a partir del pasado 20 de septiembre, todos los movimientos financieros de la Generalitat han tenido que presentarse ante el Ministerio de Hacienda para que certifique que no obedecen a ningún motivo ilegal. Con la obligación de presentar una evaluación individualizada de cada ingreso o gasto, estos se pueden demorar varios días, lo que, según denuncian las instituciones afectadas, “está colapsando el sistema”.

Esta situación afecta a todas aquellas entidades que tienen algún tipo de participación del ente público catalán. Así, Hacienda elaboró una lista de 297 entidades —a la que se le tiene que restar la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), una fundación privada que figuraba por error entre las afectadas— cuyas cuentas pasan a estar fiscalizadas. Entre estas están fundaciones privadas como el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, centros médicos como BarnaClínic, universidades, centros culturales como las bibliotecas o el Consorcio por la Normalización Lingüística y centros de investigación. Hacienda no notificó formalmente la congelación de las cuentas a estas entidades, que la conocieron a través de los bancos.

El Departamento de Empresa y Conocimiento calcula que tiene bloqueados unos 30 millones de euros en subvenciones, entre ayudas a la promoción turística, programas de investigación y líneas de subvención a la industria. El Departamento de cultura, otro de los más afectados, indica que no puede pagar, sin antes pasar por el examen de Hacienda, para actividades ya programadas o para la ampliación del catálogo de las bibliotecas.

Los centros de investigación, los más afectados en el día a día por esta medida, denuncian que la decisión de Hacienda les resta competitividad con otros centros europeos. “Hemos podido finalmente pagar las nóminas, pero el retraso en los pagos no nos ha permitido pagar cosas básicas como la suscripción a las revistas o los vuelos de congresistas invitados”, lamenta Lluís Rovira, director de iCERCA, una institución que engloba a más de 40 centros de investigación. Las tarjetas de crédito de las entidades también han sido bloqueadas, y también los pagos que los centros tienen que abonar a los consorcios europeos a los que pertenecen. “Esta aberración administrativa nos está haciendo quedar mal”, zanja Rovira, que augura un futuro incierto si no se soluciona la situación: “Las personas que nos fiscalizan no tienen nada que ver con la ciencia, así que lo que para nosotros es importante pagar, para ellos quizá no lo es”.