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Girona asume de forma cautelar la gestión directa del servicio de aguas

El Consistorio administrará la concesión a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción

Agentes de la Guardia Civil, en la empresa municipal de aguas de Girona.
Agentes de la Guardia Civil, en la empresa municipal de aguas de Girona.

Los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter asumirán de forma cautelar la gestión directa del servicio municipal de aguas, actualmente en manos de una empresa mixta en la que el socio privado (Girona SA) tiene el 80% del capital, según ha podido saber EL PAÍS. La medida ha sido adoptada esta mañana por el Juzgado de Instrucción 2 de Girona a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción tras una vista con todas las partes implicadas.

La decisión llega tras la operación llevada a cabo la semana pasada por la Guardia Civil, que hizo una quincena de registros en las sedes de las empresas implicadas y sus directivos. Anticorrupción considera que Girona SA y sus administradores se han apropiado en los últimos años de 15 millones de euros de la empresa mixta mediante el cobro de servicios inexistentes, facturas hinchadas y dividendos indebidos, entre otras irregularidades, lo que ha repercutido en un aumento de la factura pagada por los ciudadanos.

Girona SA ha declinado hoy ofrecer su versión sobre la decisión adoptada por el juez y se ha remitido al comunicado hecho público la semana pasada por varios administradores, directivos y excargos de la empresa, en el que negaban cualquier irregularidad y reiteraban su inocencia.

La propuesta de Anticorrupción supone suspender los derechos de Girona SA, lo que hace necesaria la designación de un administrador judicial. Serán los ayuntamientos los que asumirían ahora esta función. "En lugar de nombrar a una tercera persona, y teniendo en cuenta que los ayuntamientos cuentan con los medios necesarios, lo más práctico y deseable es que sean ellos los que asuman la gestión directa del servicio", explican fuentes del caso.

La gestión municipal del servicio estará en vigor de forma cautelar mientras dure la instrucción penal del caso contra los administradores de Girona SA.  Fuentes del Ayuntamiento de Girona —que tiene el 14% del capital de Agissa; Salt tiene el 4% y Sarrià de Ter el 2%— han confirmado esta mañana que apoyan la medida. 

Los principales acusados del caso son Narcís Piferrer, consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016; Xavier Ballell, sucesor en el cargo de Piferrer y director técnico de la empresa mixta cuando sucedieron los hechos; y Joan de Llobet, consejero de Agissa y unos de los cerebros de la trama. Anticorrupción les acusa de administración desleal, malversación y falsedad. Los otros investigados son el empresario Ángel Dutràs, los ex concejales en el Ayuntamiento de Girona y ex consejeros de Girona SA Manel Serra y Tomàs Sobrequés (ambos por el PSC), y el abogado Lluis Sibils.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción han puesto el foco en la gestión de Agissa entre 2008 y 2015. Aunque las irregularidades investigadas arrancan desde hace una veintena de años, los delitos ya estarían prescritos. Un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario revela como Girona SA aprovechaba su mayoría en el capital de la empresa mixta para apropiarse de buena parte de los recursos de la empresa mixta, hasta el punto de dejarla descapitalizada.

Sin estas irregularidades, sostiene el informe, "Agissa no tendría una deuda de tres millones de euros, sino un patrimonio neto muy superior a los 10 millones de euros". Los hechos ocurrieron primero bajo el gobierno municipal del PSC y, desde 2011, de CiU (posteriormente PDeCAT). El actual presidente catalán, Carles Puigdemont, era el alcalde cuando Girona renovó en 2013 la concesión. Fuentes conocedoras del caso explican que "aunque con la renovación se establecieron algunas mejoras de gestión y control sobre Girona SA, buena parte de las irregularidades se mantuvieron".

Paralelamente al curso de la causa penal, los tres Ayuntamientos deberán decidir qué hacer con la actual concesión cuando esta expire en 2020. La CUP, que denunció el caso hace dos años, exige la remunicipalización del servicio, una opción que la actual alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ve con buenos ojos, según fuentes municipales.