Las claves de la operación contra los preparativos del 1-O

La operación desarrollada este miércoles en organismos públicos catalanes y otros recintos relacionados con la preparación del referéndum del 1-O ha bloqueado la mayor parte de la logística destinada a la consulta ilegal. Estas son las claves y el origen del caso:

La actuación judicial

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer ordenó 41 registros, seis de ellos en despachos oficiales, tras recibir el “minucioso relato” de la Guardia Civil sobre las pruebas incriminatorias recabadas en un voluminoso atestado. Hace meses que el magistrado investiga a 20 personas en la que ya es la principal causa contra los mimbres del referéndum ilegal.

El caso se inició el pasado febrero a raíz de una denuncia del abogado Miguel Durán contra el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal, quien reveló en público prácticas ilegales de la Generalitat para obtener datos sobre el censo catalán. El mismo juez se hizo cargo posteriormente de una querella del partido Vox contra uno de los ahora detenidos, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y la causa se ha ido alimentando en paralelo a los preparativos de la consulta.

La actuación de la Guardia Civil

Los agentes del instituto armado han participado en esta operación ejerciendo funciones de policía judicial. La comitiva que realizó el registro y las detenciones en la sede de la Consejería de Economía en Barcelona no pudo abandonar el edificio hasta la mañana del día siguiente porque una multitud bloqueó la salida del edificio. Los vehículos empleados para el desplazamiento fueron atacados y desvalijados por los manifestantes.

Detenidos e investigados

La mayor parte de los 14 detenidos en distintos puntos de Barcelona son cargos políticos o técnicos del Govern catalán involucrados en distintos aspectos operativos de la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre. En total hay 20 personas investigadas formalmente. Siete de los detenidos están ya en libertad con cargos.

¿De qué delitos se acusa a los detenidos?

Desde su inicio, las investigaciones de la Guardia Civil y del juez se han centrado en la posible comisión de los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación. A la espera de que se hagan públicas las acusaciones que recaen sobre cada uno, se ha sabido que al cargo político de más rango detenido este miércoles, Josep Maria Jové, número dos del vicepresidente Oriol Junqueras, se le atribuye la comisión de un delito de sedición (penado con hasta 15 años de cárcel).

Material incautado

Papeletas. Las primeras estimaciones cifran en 9.894.350 las papeletas de votación requisadas en una nave industrial de Bigues i Riells propiedad de uno de los detenidos este miércoles, el abogado Pau Furriol.

Las fuerzas de seguridad se han incautado también de “material electoral fundamental para la realización del referéndum ilegal”: carteles de señalización de los locales electorales destinados a los centros de votación y de 5.903 sobres con documentación para las mesas con actas de lista numerada de votantes con la inscripción “Referèndum d’autodeterminació de Catalunya”, actas de sesión de escrutinio, actas de constitución de mesa y otros formularios.

Notificaciones. El pasado martes, tras otro registro judicial en una sede de la empresa Unipost, se retiraron 45.000 cartas con las notificaciones de convocatoria que iban a recibir los presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales.

Cartelería. El 17 de septiembre, la Guardia Civil intervino 1,3 millones de carteles y folletos que llamaban a la participación en el referéndum y al voto favorable a la independencia.

Se alteran “las condiciones del juego”

El vicepresidente Oriol Junqueras ha admitido que la incautación de papeletas y del resto de material necesario para la votación del 1-O altera “las condiciones del juego”.

Con información de Rebeca Carranco, Jesús García y Lluís Pellicer.