El juez ratifica su negativa al acto soberanista en locales municipales de Madrid

El juez que suspendió la celebración en una sala municipal de un acto a favor del referéndum soberanista en Cataluña mantuvo este viernes su postura, a pesar de las alegaciones del Ayuntamiento. El equipo de la alcaldesa, Manuela Carmena, criticó el dictamen al considerar que vulnera los derechos fundamentales. Sin embargo, el magistrado insistió en que no procede celebrar actos de apoyo a la consulta del 1 de octubre en locales municipales. El Consistorio recurrirá al TSJM.

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En su auto, adelantado por EL PAÍS, el juez José Yusty ratificó el dictamen del 12 de septiembre, en el que suspendió cautelarmente la cesión de la Sala de Terneras de Matadero para celebrar un acto titulado: En Madrid, por el derecho a decidir. Entonces, el juez consideró que la cesión de la sala municipal implicaba "favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida" por el Tribunal Constitucional.

En su segundo dictamen, que desestimó las alegaciones del Ayuntamiento y que trascendió este viernes, Yusty se defendió de las críticas recibidas en estos días sosteniendo que la cuestión no atañe a la libertad de expresión, sino al uso de bienes municipales. "Sin negar las consecuencias políticas o al menos mediáticas que la cuestión acarrea, lo que se debate e impugna no es la libertad de expresión, que no se pone en duda, sino única y exclusivamente si puede el Ayuntamiento de Madrid ceder un local municipal para la celebración de un acto que se titula En Madrid por el derecho a decidir", reza el auto, que añade: "La libertad de expresión se puede ejercer en multitud de lugares, como cines, teatros, e incluso en las calles y plazas públicas". No obstante, en su documento, Yusty reconoce que el primer documento "quizá pudo redactarse mejor".

Horas antes, el Ayuntamiento había entregado al juez sus alegaciones al primer auto, en las que el Consistorio sostuvo que la suspensión del evento del colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir vulneraba varios principios constitucionales y derechos fundamentales. Entre otros, la libertad ideológica y el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos.

El equipo de Carmena cree que el razonamiento de Yusty se basa en "una premisa apriorística", puesto que da por hecho que el acto tenía "la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal" (Yusty sostiene que negar ese elemento es "un alejamiento de la realidad"). Y subraya que todo el auto se basa en consideraciones erróneas, puesto que "el referéndum no es ilegal, sino que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional", tal y como afirmó la propia Carmena el pasado miércoles.

"Totalmente inadmisible"

El gobierno local no tardó en calificar de "totalmente inadmisible" y "sin fundamento" la respuesta del juez a sus alegaciones. Acto seguido, anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, en el plazo previsto de 15 días.

Por su parte, el grupo municipal del PP, que presentó el recurso ante la cesión de la sala, defendió este viernes al magistrado. "La controversia no es la libertad de expresión, sino que no se puede, con medios públicos y pagados por todos los madrileños, ceder un local para un acto de apología de un referéndum ilegal que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional", afirmó el portavoz José Luis Martínez-Almeida. Y añadió: "Esperemos que Carmena acate definitivamente esta resolución".

El colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir tildó de "aberrante" el dictamente del juez y aseguró que celebrará otro acto a favor del referéndum en Cataluña, pero en un lugar privado. El evento se celebrará el próximo domingo 17 de septiembre en el Teatro del Barrio.