Terror, política, moral

Las bombas de Atocha estallaron tres días antes de unas elecciones generales. Pero nadie sensato propuso suspender los comicios ni congelar la política; de hecho, aquellas tres jornadas se cuentan entre las de más intensa politización de la historia de España. Los ataques contra el transporte público de Londres, en julio de 2005, se produjeron horas después de haberse concedido a la capital británica la organización de los Juegos Olímpicos de 2012. Sin embargo, a nadie se le ocurrió que, como respuesta al terror, hubiese que renunciar a los Juegos. En noviembre de 2015, en París, los asesinos de la sala Bataclan invocaron, antes de abrir fuego, los bombardeos aliados sobre el ISIS en Siria e Irak. Pero, en vez de suspenderlos, el presidente Hollande ordenó intensificarlos.

Como afirmaba aquí mismo Víctor Lapuente el pasado día 22, “en una democracia, la política debe permanecer blindada al terrorismo”. Así ha sido en todos los países de nuestro entorno, y así se nos ha conminado siempre a que fuese: ¿cuántas veces hemos escuchado que los terroristas no cambiarán nuestras ideas, nuestro estilo de vida, nuestro voto? Entonces, ¿por qué el 17-A barcelonés debería haber llevado al gobierno Puigdemont a aparcar su plan independentista y centrarse en “los problemas reales de los catalanes”? ¿No es real un problema que, desde 2012, ha movilizado repetidamente —en las calles y/o en las urnas— a más de dos millones de personas?

Los brutales atentados de este verano en Cataluña han dado pie a muchos dislates. Verbigracia, la peregrina teoría según la cual el terrorismo islamista aprovechó “la guerra institucional” para golpear en Barcelona. Y en Berlín, en Londres, en Niza, en Bruselas..., ¿qué guerra institucional había? Es obvio que fue la potencia, la notoriedad internacional de la marca Barcelona aquello que la convirtió en objetivo. Y, agrade o no, la resaca del 17-A se ha movido también dentro de los parámetros habituales en estos casos.

Es bien legítimo y hasta altamente estético sostener que la búsqueda de rédito político de un atentado está mal, pero lo cierto es que resulta inevitable y ha ocurrido casi siempre; el PP del 11-M (que era ya el de Rajoy, ¿no?) podría escribir sobre ello un grueso tratado, aunque al final el tiro le saliese por la culata. ¡Hubo banderas y pancartas en las manifestaciones de duelo, qué vergüenza!, claman las presuntas vestales de turno. La historia europea de los últimos lustros está llena de ellas, y supongo que, en Barcelona, eran tan lícitas —o estaban tan fuera de lugar— las esteladas como las rojigualdas que enarbolaba, entre otros, la delegación de Societat Civil Catalana. En fin, hemos tenido una colisión verbal entre periodistas y responsables políticos. ¡Menuda novedad! Algunos todavía recuerdan el día en que Federico Trillo le echó despectivamente una moneda de dos euros a una redactora que le resultaba incómoda..., y fue premiado después con la embajada en Londres.

Si los comportamientos de los actores políticos e institucionales durante estas semanas convulsas han sido, pues, de lo más previsible, ¿por qué tanto ruido y escándalo contra la actuación del independentismo? A mi juicio, no porque este mantenga su agenda política (¿acaso Rajoy ha cambiado la suya?), sino porque los contenidos de esa agenda se perciben como intrínsecamente inmorales y, por tanto, merecedores de ser barridos o sacrificados ante una inmoralidad mayor (la matanza de La Rambla).

Erróneos, ilegales, anticonstitucionales, descabellados, divisivos, empobrecedores, catastróficos..., todo esto también. Pero, sobre todo, los objetivos del independentismo catalán le resultan a una grandísima parte de la opinión política, mediática y pública en España inmorales; es decir, perturbadores del orden natural de las cosas. Uno de los rasgos más llamativos de la respuesta global al “desafío secesionista” desde 2012 —un rasgo más agudo a medida que el “desafío” no reculaba— ha sido la incapacidad para entenderlo como un reto político al que se debía responder políticamente; y, por tanto, la tendencia a interpretarlo como una herejía, un sacrilegio, un crimen, un pecado que es preciso reprimir y castigar, no resolver. En El Mundo de anteayer, un reportero afirmaba (sic) que “Puigdemont no tiene alma”; o sea, que es un desalmado...

Será cosa de la edad, pero me admira ver a gentes descreídas e izquierdistas de toda la vida compartir con el ultra cardenal Cañizares la tesis de que la unidad de España es un bien moral.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.