La patronal Fomento del Trabajo ve “un golpe de Estado jurídico” en la ley del referéndum

La patronal catalana Fomento del Trabajo considera que la ley del referéndum de Cataluña que llegará al Parlament no debería aprobarse en ningún caso porque supondría "un golpe de Estado jurídico contrario al derecho interno e internacional". La comisión jurídica de Fomento entiende que  la proposición de ley que impulsan Junts pel Sí y la CUP "impone una declaración unilateral de independencia exprés con una simple mayoría de votos" y eso supone un "ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles".

Los dos grupos independentistas prevén presentar el articulado del texto en el Registro de la Cámara este lunes después de que este miércoles se aprobara la reforma del reglamento de la institución que permitirá acelerar el proceso secesionista. La ley del referéndum ha de servir de paraguas jurídico para que el presidente de la Generalitat firme el decreto de convocatoria para el 1 de octubre y prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el si, sin fijar un mínimo de participación.

Fomento emplea en su comunicado argumentos similares a los esgrimidos desde hace meses por los partidos contrarios a la secesión y considera "legítima" la reivindicación catalana de que se reconozca su singularidad. Sin embargo, añaden que la solución no ha de llegar por la vía unilateral, sino "por la vía de la negociación y dentro del respeto a los principios de democracia y legalidad". Se trataría, añaden, de que en esa mesa de diálogo se acude por ambas partes "con ofertas y voluntad de renuncias".

Los juristas de la principal patronal catalana comparten los argumentos de otros colegas suyos ya expresados hace meses. Así, consideran que  el derecho internacional "no ampara el referéndum" anunciado por la Generalitat "porque solo reconoce el derecho de secesión en los procesos de descolonización y en los casos de graves vulneraciones de los derechos humanos", como en su día se pronunció la ONU.

El comunicado considera que el proyecto de ley, tal y como fue anunciado, "no surge de un amplio consenso" entre los partidos políticos, pues solo lo apoyan 72 de los 135 diputados y dos de los seis grupos parlamentarios. También se reprocha que no garantiza una campaña larga y con neutralidad, no determina cómo se elaborará el censo, no garantiza la composición plural de las mesas electorales y no impone una campaña clara".

"El texto constituye una norma excepcional que como tal se sitúa por encima de las leyes del Estado español y de la doctrina del Tribunal Constitucional" y, por ello, "la comisión reafirma que el proyecto de ley se enfrenta frontalmente con la del código de buenas prácticas de la Comisión de Venecia", argumenta la patronal.

Los empresarios catalanes ya exigieron a Carles Puigdemont a finales de mayo, durante la reunión anual del Círculo de Economía en Sitges, que respetara la legalidad y aceptara la invitación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para acudir al Congreso a explicar su propuesta de referéndum.

“Pedimos que la acción de su Govern se acomode en el margen de la ley”, le instó el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera. Puigdemont alteró su discurso inicial para alegar que las Cortes ya conocen su propuesta. "Lo que no sabemos es la propuesta del Estado para Cataluña”, añadió al tiempo que dudó de que el Gobierno catalán esté a tiempo de conocer la alternativa que baraja Mariano Rajoy para resolver la situación política catalana y su promesa de celebrar un referéndum.

En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, afirmó hace tres semanas que su entidad nunca ha considerado a Cataluña viable económicamente fuera de la Unión Europea y pidió a los dos Gobiernos más flexibilidad para empezar a negociar y dialogar. Valls aseguró que Cataluña tiene un futuro económico de "primera línea", con unas exportaciones que crecen cada día, un sector turístico extraordinario  pero dentro de la UE.

El empresario agregó que la sociedad catalana está muy dividida sobre la independencia y que "falta flexibilidad" tanto por parte del Gobierno como de la Generalitat para negociar y que adoptar una posición y decir "de aquí no nos movemos puede llevar a situaciones límite y no sabemos cuál puede ser el resultado".