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El plan soberanista fractura la patronal catalana

Fomento y Cecot resuelven sus diferencias, también de modelo y liderazgo, en una comisión

El presidente de Cecot, Antoni Abad.
El presidente de Cecot, Antoni Abad.

El proceso soberanista ha acabado por hacer estallar la guerra en el mapa patronal catalán, que ya llevaba tiempo tocado. La gran patronal, Fomento del Trabajo, y la organización vallesana Cecot tratan de evitar su ruptura por segunda vez en menos de un año. El presidente de Cecot, Antoni Abad, ha manifestado además su intención de disputar la presidencia de Fomento, lo cual una parte del empresariado ve como otro intento de “asalto” por parte del sector nacionalista después de que en 2010 un grupo de empresarios de Femcat fracasaran en ese empeño. Sin embargo, las discrepancias van más allá. Varios directivos señalan diferencias en el modelo organizativo y en la incapacidad de culminar una renovación en los órganos de dirección.

Fomento del Trabajo y Cecot tienen poco más de dos semanas para resolver su enésimo desencuentro. Si no lo consiguen, esta vez puede acabar en la expulsión de la organización vallesana de la organización que preside Joaquim Gay de Montellà. Algo que algunos miembros de la entidad consideran un mazazo, sobre todo después de una mala racha por el fracaso de la fusión de Fepime y Pimec para crear una gran organización de pymes, el escándalo en el seno de Unión Patronal Metalúrgica —su expresidente, Antoni Marsal, ha sido condenado a casi seis años de prisión— y la liquidación de la Confederación de Comercio.

El motivo oficial que esgrime la gran patronal para pedir la expulsión de Cecot es que esta sigue extralimitándose en su ámbito territorial pese a haber sido advertida. Pero la mayoría de los directivos consultados de ambas organizaciones sostienen que el desencuentro va más allá y hablan de motivos políticos y de modelo de organización.

La expulsión iba a debatirse en la última junta directiva, en la que finalmente se decidió dar un margen de un mes para abordarla. Algunos dirigentes de la patronal, sostienen fuentes consultadas, creían que la relación con Cecot ya había tocado fondo. A algunos dirigentes no sentó bien, cuentan, que la entidad vallesana celebrara la Nit de l’Empresari de nuevo en Barcelona y que, además, esta se convirtiera en un homenaje espontáneo a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el día en la que la fiscalía se querelló contra ella. Fuentes de Cecot replican que la presidenta de la Cámara confirmó su presencia a última hora. En cuanto a su presunta “extralimitación”, recuerdan que hoy no es tan sencillo delimitar el ámbito empresarial, máxime cuando las compañías catalanas se han internacionalizado.

Diferencias políticas

La diferencia de posiciones políticas son evidentes. La organización que preside Gay de Montellà sigue reclamando el pacto fiscal y más inversiones y rechazó integrarse en el Pacto Nacional por el Referéndum. Además, atraviesa unas tensas relaciones con la Generalitat después de que esta revisara su representatividad institucional, que determina su peso en los consejos en los que está representada. Fomento acusó entonces públicamente al Ejecutivo catalán de “romper el diálogo social”. En cambio, el líder de Cecot, Antoni Abad, fue militante de CDC, tiene unas excelentes relaciones con la Generalitat y sí se adhirió al pacto sobre el referéndum.

Un destacado ejecutivo señala que al permanente desafío de Cecot a los estatutos de la cúpula de la patronal y el enrarecido ambiente político en el ámbito empresarial generado por el debate soberanista, se añade un presunto “asalto al poder” a la presidencia de Fomento del Trabajo por parte de Antoni Abad. La antigua militancia convergente de Abad retrotrae a algunos empresarios consultados a las elecciones que Fomento vivió en 2010, cuando un grupo liderado por Jaume Boixareu puso a prueba el liderazgo de Joan Rosell en la organización.

Rosell se impuso con solvencia a aquel conglomerado que contaba con patronales sectoriales y territoriales de peso y que tenía un punto de origen: Femcat, un lobby empresarial vinculado con el nacionalismo. En esa candidatura estaba Carles Sumarroca, miembro de una de las familias fundadoras de CDC. La mayor parte de ellos fueron depurados de Fomento y ahora mantienen su influencia en la Cámara de Comercio de Barcelona. La Cecot también formaba parte de aquel grupo, hasta que dejó el grupo en el último momento.

A pesar de la proximidad que hubo en cuestiones económicas con CDC, la formación nunca pudo hacer comulgar ni a Fomento ni al Círculo de Economía, el influyente lobby empresarial que sigue rechazando cualquier vía unilateral. El empresariado también recuerda las presiones que llegaron del Gobierno de Artur Mas en 2011 para que no fuera Josep Piqué quien sucediera a Salvador Alemany al frente de la institución. “El ambiente es muy complicado por el tema político: la línea es muy fina y no sabes muy bien cuando se traspasa”, señala un veterano de Fomento, quien admite que pese a que la dirección se ha conjurado contra el independentismo, “hay mucha pequeña patronal que se ha convertido al soberanismo”.

“Un problema de lejos”

Un miembro de la junta directiva desmiente que el proceso abierto contra la Cecot contenga motivos políticos. De igual modo se resiste a creer que Abad se postulara a presidir Fomento con una intención real y no para blindarse contra la amenaza de expulsión. “El problema de Cecot con Fomento viene de lejos y, al final, el presidente se ha cansado”, zanja.

A su juicio, el expediente iniciado por Gay de Montellà se explicaría porque la entidad vallesana se ha salido de su ámbito, el Vallès, y otras patronales habrían expuesto sus quejas a Fomento, cuya dirección estaba a su vez descontenta porque estaba entrando también en su ámbito. A partir de ahí, según esa misma versión, “cuando Abad se vio amenazado con la expulsión, saltó y lanzó su posible candidatura para las elecciones de Fomento exhibiendo un papel de víctima”.

Desde Cecot niegan que Abad haya fingido y dicen que en el fondo hay una profundas discrepancias sobre el modelo de la patronal, que opinan que debe avanzar hacia una mayor transparencia y rendir más cuentas a sus asociados. Ahora una comisión formada por tres miembros de cada parte deberá decidir si ambas entidades pueden seguir juntas.