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La ley del referéndum no fija una participación mínima para que sea vinculante

Junts pel Sí y la CUP presentan en el Parlament el redactado de la ley que busca amparar la consulta del 1 de octubre

Los diputados de JxSí y de la CUP en el acto de este mediodía.

Todos los integrantes del frente independentista han defendido en los últimos meses que la participación será clave para poder validar el referéndum previsto para el 1 de octubre, aunque han evitado ponerle cifras a esa exigencia. La ley de referéndum no establece una participación mínima, según se desprende de la presentación de la norma presentada este mediodía por Junts pel Sí y la CUP en el Parlament. Esa decisión quedará en manos del Ejecutivo de Carles Puigdemont y son unos detalles que tendría que desvelar el presidente catalán esta tarde en un acto convocado en el Teatro Nacional de Cataluña.

El artículo 4 de la norma sí apunta que si hay "más [votos] afirmativos que negativos, implica la independencia de Cataluña", por lo que sería suficiente una victoria por un voto para que "el Parlament dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados [...] celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña". En caso de que venza el no, se convocarán elecciones autonómicas.

En la presentación, Benet Salellas, relator en la ponencia que ha elaborado la ley en nombre de la CUP, ha señalado que la proposición de ley es “de mínimos, estrictamente formal”, pero que, pese a ello, se convierte en una norma “suprema”, que prevalece al resto de leyes. El vicepresidente del Parlamento, Lluís Maria Corominas, ha señalado que se trata “una ley excepcional” que dejará de estar vigente tras la votación y que confirma los deseos del Gobierno catalán de convocar un “referéndum vinculante”.

Sí determina la proposición de ley el reparto de subvenciones para la campaña. Como estaba previsto en el borrador desvelado por EL PAÍS, el 70% de los espacios públicos destinados a la campaña así como la misma proporción de espacios informativos gratuitos en medios públicos se lo repartirán las formaciones políticas que participen en la campaña, mientras que el 30% restante quedará en manos de asociaciones privadas que quieran participar. El reparto entre ese último grupo se decidirá por "número de firmas presentadas", lo que puede dar ventaja a las entidades independentistas.

Los dos grupos independentistas en el Parlament, como tampoco lo hace la ley, no han desvelado las garantías que requiere una convocatoria que será anulada por el Tribunal Constitucional. Así, no determinan cómo se elaborará el censo, cuya responsabilidad queda en manos del Gobierno catalán, pese a que tendrá que ser validado por la Sindicatura Electoral. "La inscripción en el censo no exige autorización previa por parte del ciudadano", señala el borrador. La Sindicatura Electoral se erige en un nuevo organismo que se responsabilizará de validar todas las cuestiones del referéndum: desde la campaña a la composición de mesas.

Este organismo, que sustituirá a la actual Junta Electoral, estará formado por cinco miembros, juristas, que tendrán que ser escogidos por “mayoría absoluta” en el Parlament. Según ha explicado el relator de ERC Jordi Orobitg, “todas las instituciones públicas tendrán la obligación de colaborar con la Sindicatura”.

Respecto a las mesas electorales, se establece que las integren tres miembros, un presidente y dos vocales, "cargos obligatorios" que serán designados por sorteo público.

Otra de las incógnitas no resueltas en el acto celebrado en el Parlament es cómo la Generalitat conseguirá las instalaciones donde se instalarán los colegios electorales. En un principio, los ayuntamientos deberían cederlos, pero la ley abre la posibilidad de que estos se nieguen a cederlos, por lo que entonces “la Generalitat designará locales alternativos”.

El acto celebrado en el Parlament ha contado básicamente con miembros del frente independentista. Junto a los diputados de Junts pel Sí y la CUP han estado presentes el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y los consejeros Josep Rull y Raül Romeva. El grueso de la oposición se ha negado a acudir a la puesta de largo de la norma, que no será aprobada hasta después de las vacaciones de verano. Solo han asistido al acto cuatro miembros de Podem, un reflejo de la división existente en las filas de Catalunya Sí que es Pot. La presentación de este mediodía tendrá continuidad esta tarde en un acto en el Teatro Nacional de Cataluña, esta vez encabezado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en plena crisis de su gobierno por el cese ayer del consejero Jordi Baiget.

El borrador definitivo de la ley del referéndum, que se acompañará de otra ley –la de Transitoriedad Jurídica— con la que se declarará la independencia, ofrece a Cataluña el estatus de “sujeto político soberano” pese a la negativa de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014. Y, pese a la legislación estatal, asume la protección de todas las “autoridades, personas y empresas” que participen en la convocatoria, de lo que se sobreentiende que también quedarían excluidos de posibles sanciones los trabajadores públicos que participaran en la organización de la votación, asumiendo la Generalitat el objetivo de liberar de responsabilidades a los secretarios municipales, cargos clave en cualquier proceso electoral que se organice en España.

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