La CUP dice que la ley del referéndum se registrará en el Parlament antes de final de mes

Arrufat considera que los interrogatorios de la Guardia Civil son un preludio del Estado de excepción

Quim Arrufat y Núria Gibert.Foto: atlas

La CUP prevé que la ley del referéndum de la que penderá la consulta del 1 de Octubre, cuyo articulado pactaron Junts pel Sí y los anticapitalistas, se registre en el Parlament este viernes o el lunes, es decir, antes que finalice el actual periodo de sesiones. La norma fue presentada hace unas semanas en un acto informativo en la Cámara y después en un mitin que Junts pel Sí ofreció en el Teatro Nacional de Cataluña. Miembros de la Guardia Civil acudieron después al Teatro para pedir información sobre el evento.

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Tras el registro en la Cámara, se informará en un acto paralelo de la ley de desconexión jurídica aunque los anticapitalistas creen que en este caso su presentación pública no es tan inminente. Junts pel Sí se había planteado exponer el articulado de esta segunda norma antes de concluir este mes.

Quim Arrufat, portavoz del secretariado de la CUP, que ha detallado esta mañana en la sede del partido la Escuela de Verano que este fin de semana celebraran los anticapitalistas en Vilanova i la Geltrú (Garraf), ha afirmado que los interrogatorios que está realizando la Guardia Civil a funcionarios y cargos del Departamento de Presidencia por el referéndum no es más que un "preludio" del Estado de Excepción que está preparando el Gobierno del Estado para evitarlo.

"Los interrogatorios nos recuerdan a tiempos pretéritos de un régimen que no ha acabado de irse de este país", ha afirmado Arrufat, que ha lamentado que el Estado prefiera optar por la represión en lugar de abordar un conflicto y perseguir a todo el que esté a favor de votar. "Prefieren cuarteles y  comisarias antes urnas y colegios electorales", ha dicho. Arrufat ha subrayado que el hecho de que ha tenido que declarar el exdiputado socialista Joan Ignasi Elena, presidente del Pacto Nacional por el referéndum, refleja que el Estado nunca tuvo en realidad voluntad de negociar. El Pacto perseguía una consulta pactada -recogió a favor 500.000 firmas- y apenas tiene actividad desde entonces. "Están preparando peor de las hipótesis y suspender derechos democráticos", ha zanjado.

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