Intervenidos 600 litros de orujo clandestino sin etiquetar a una distribuidora de Pontevedra

La Guardia Civil, en colaboración con inspectores de la Agencia Tributaria, se incautó de una partida de 600 litros de licor de orujo que se estaba comercializando de forma clandestina a través de una empresa distribuidora que operaba en la provincia de Pontevedra y con domicilio en la comarca de O Morrazo. El producto ilegal intervenido no tenía ningún tipo de etiqueta ni marcas fiscales que indicaran su procedencia, según informaron este lunes fuentes de la Comandancia de Pontevedra.

El hallazgo se llevó a cabo en el transcurso de una inspección rutinaria a la empresa distribuidora de bebidas alcohólicas por agentes adscritos a la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil con sede en Marín, en el marco de sus competencias específicas. La finalidad de la inspección era comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria y fiscal de la mercancía que ya estaba dispuesta para la venta.

La intervención de la mercancía ilegal se efectuó en un almacén anexo a la nave principal que tiene la empresa donde la Guardia Civil localizó un palé que contenía 50 cajas, con 600 litros de licor de orujo, distribuidos en 200 garrafas de 3 litros cada una. Ninguna de las garrafas tenía marca fiscal o etiquetado que pudiese determinar su trazabilidad, según dispone la legislación vigente.

En consecuencia, los efectivos de la Patrulla Fiscal y de Fronteras procedieron a la incautación de la mercancía, que quedó precintada y depositada cautelarmente en la misma empresa como medida administrativa en estos casos de presunto fraude sanitario.

Como consecuencia de la intervención el responsable de la distribuidora ha sido denunciado por dos supuestas infracciones administrativas: una de ellas contemplada en la legislación de Impuestos Especiales, de la que es competente la delegación de Aduanas de Pontevedra, por carecer de las precintas fiscales.

También sele imputa otra supuesta infracción prevista en la Ley de protección general de las personas consumidoras y usuarias, que en este caso tendrá que resolver la delegación provincial de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. En este supuesto, la denuncia tiene su origen en el riesgo que la venta del alcohol podría suponer para la salud pública, dado que al carecer de etiquetas comerciales se pierde la trazabilidad del producto y no se puede conocer la empresa responsable de su elaboración y distribución.

El último golpe policial contra el negocio ilegal de aguardiente se desplegó en noviembre de 2014 en la localidad ourensana de Listanco, en Maside, en la que fueron retirados del mercado 65.000 litros adulterado con espesantes industriales. La operación policial Licor Ibérico permitió destapar la comercialización clandestina de un aguardiente que era una auténtica bomba para la salud pública.

El alcohol etílico, de alta graduación y sin ningún control sanitario, salía de una destiladora ilegal de la ciudad portuguesa de Coímbra y luego se trasladaba en camiones a Galicia, donde se mezclaban con sustancias de uso industrial para darle consistencia y densidad a los orujos y licores elaborados.

Una vez embotellado, el aguardiente se distribuía con etiquetas falsificadas o incluso sin ellas, en bares, cafeterías y restaurantes gallegos. Tras la operación, el Consello Regulador Orujo de Galicia llegó a alertar de que el 70 por ciento de los licores que se estaba vendiendo en muchos bares y restaurantes de la Comunidad gallega provenían del comercio ilegal y exigió mayor control a las autoridades.