Una redada contra el licor clandestino destapa un arsenal de fusiles de asalto

Carlos Antonio M. A., un vecino de la localidad ourensana de Listanco (Maside), cayó en una redada contra el contrabando ilegal de alcohol en la que fueron retirados del mercado 65.000 litros de aguardiente de pésima calidad, adulterado con espesantes industriales y con etiquetas falsas, que él y otros quince implicados desviaban de una destilería de Coimbra (Portugal) para venderlo en Galicia.

La operación desplegada en noviembre de 2014 permitió a la policía toparse después con un sorprendente hallazgo en el transcurso de los 52 registros que se realizaron en España y Portugal. En el domicilio del detenido se halló un auténtico arsenal de artefactos y munición de todo tipo oculto en un zulo, y que supuestamente procedía del tráfico de armas, además de 350.000 euros en efectivo.

El ahora acusado por la Fiscalía de la Audiencia de Ourense se enfrenta a 8 años de prisión por el delito de depósito de armas de guerra en un juicio que arranca este jueves, y en el que tendrá que explicar ante el tribunal la procedencia del largo inventario de piezas que el presunto contrabandista de licor de garrafón escondía dentro de un armario de su dormitorio.

Entre las armas intervenidas, y cuya tenencia está prohibida para particulares, aparecen cuatro fusiles de asalto Cetme que emplea el ejército español, una escopeta semiautomática y otras catorce pistolas de diferentes marcas y un revólver totalmente operativas, además de una granada de mortero de 50 mm aunque vacía de elementos explosivos.

Por si esto fuera poco, el arsenal se provisionaba de un total de 1.833 cartuchos, completos y operativos, otros 118 troquelados, también en perfecto estado para ser detonados, y cuatro puñales con hoja de 9 y 10,5 cm, igualmente clasificados como arma prohibida.

La operación policial Licor Ibérico, que permitió el hallazgo del arsenal, destapó un aguardiente que era una auténtica bomba para la salud pública. El alcohol etílico, de alta graduación y sin ningún control sanitario, salía de una destiladora clandestina de la ciudad portuguesa de Coímbra y luego se trasladaba en camiones a Galicia, donde se mezclaban con sustancias de uso industrial para darle consistencia y densidad a los orujos y licores elaborados.

Una vez embotellado el aguardiente, la organización distribuía los productos con etiquetas falsificadas o incluso sin ellas, en bares, cafeterías y restaurantes gallegos. Tras la operación, el Consello Regulador Orujo de Galicia llegó a alertar de que el 70 por ciento de los licores que se estaba vendiendo en muchos bares y restaurantes de la Comunidad gallega provenían del comercio ilegal y exigió mayor control a las autoridades.

En la investigación por contrabando y contra la salud pública dirigida por un juzgado de Vigo colaboró la Policía Judiciaria de Portugal. Además de ser intervenidos 45.000 litros de alcohol etílico en España y otros 20.000 en el país vecino, la policía intervino 21 vehículos de lujo a la organización hispano-lusa que además eludía los impuestos especiales aduaneros sobre el comercio de alcohol.