La Generalitat suspende el recuento de menores con carencias alimentarias

Los cuestionamientos sobre las carencias alimentarias en los menores catalanes estalló en 2013 tras denuncias por parte de entidades sociales y AMPAS. Tras negar la mayor, la Generalitat se vio obligada a ampliar su programa de becas comedor y a establecer programas de verano para garantizar el acceso a alimentos en periodos no lectivos. Los departamentos de Bienestar Social, Salud y Enseñanza anunciaron la firma de un protocolo en la que las escuelas, los centros de atención médica y los servicios sociales construían una red para detectar y seguir los casos.

El texto se desarrolla en un documento explicativo, firmado en 2014. Allí, entre otras cosas, se crea un grupo de seguimiento interdepartamental para evaluar la dimensión del problema y las iniciativas para solventarlo. Así mismo, obligaba a todos los actores a reportar trimestralmente el número de casos de niños o menores que se hayan detectado al departamento encargado de las políticas sociales que, dice el texto, debe unificar las cifras. El secretario general de Asuntos Sociales, Francesc Iglesias, acepta el conteo no se hace y que la comisión de seguimiento no se reúne desde noviembre de 2015.

“Son datos que internamente se vio que no tenía sentido pedir, sino que lo importante era cumplir el protocolo en detección y abordaje y a partir de ahí, tomar medidas desde las propias carteras de servicios que gestionan los entes locales”, justifica Iglesias y sostiene que lo que se contabiliza “son las ayudas dadas”. En ayudas de urgencia social, los entes locales dedicaron 37 millones de euros en 2015, 11,2 más que en 2013. Asimismo, unas 147.500 personas (adultos y niños) se beneficiaron de las ayudas de urgencia para manutención en 2015, esto es, 17.000 personas más que en 2013.

En el pasado, sin embargo, la Generalitat sí había desglosado los números. El último data de 2015 y hace referencia al año anterior. La entonces consejera de Benestar Social —antiguo nombre del Departamento de Asuntos Sociales—, Neus Munté, explicó en una respuesta parlamentaria que 70.239 niños tenían problemas de alimentación en Cataluña, con 36.455 familias afectadas. La cifra, disgregada por comarcas, provenía de la intervención de los servicios sociales, aunque no concretaba cuántos se habían detectado exclusivamente a través del protocolo desplegado para el caso.

Iglesias sostienen que aprobó un nuevo protocolo en junio del año pasado sobre maltrato infantil y que aborda el tema de las carencias alimentarias. Sin embargo, desde Enseñanza y Salud se sigue dando por bueno el de 2014. Muestra de ello es una nota de prensa del pasado 27 de junio, donde el departamento encargado de la política educativa explica que ha entregado más de 106.000 becas comedor y enmarca esta actividad dentro el protocolo firmado en 2014. "Se trata de que sea un buen instrumento de detección en la escuela para que se puedan derivar los caos a los servicios sociales", aseguraba la entonces consejera Meritxell Ruiz.

Tanto desde Enseñanza como desde Salud recuerdan que el responsable de tener la cifra de casos detectados es el departamento Trabajo y Asuntos Sociales, que debe llevar la coordinación del protocolo. Iglesias también reconoce que desde que Bassa asumió el cargo (enero de 2016), nunca se han reunido el comité de seguimiento. "La comisión tuvo su última reunión en noviembre de 2015. Me consta que no se reunieron más porque el trabajo estaba bastante hecho", explica.

Pese a la visión optimista de Iglesias, lejos de reducirse, cada vez es más necesario que aumenten las ayudas vinculadas a la alimentación. A petición del Parlament, Enseñanza tuvo que flexibilizar el acceso a las becas comedor y bajar el umbral de entrada para que más alumnos en riesgo de exclusión pudiesen recibir la prestación. La ex consejera Ruiz, aseguró que el cambio de baremo ha hecho que en los dos últimos años se dé casi un 13% más de ayudas.