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Urbanismo no impidió tirar el convento de las Apostólicas para no tener que indemnizar a sus dueños

La concejal socialista Mercedes González exigirá en la próxima comisión municipal explicaciones al edil José Manuel Calvo

Estado del convento neomudéjar de las Damas Apostólicas, este domingo.
Estado del convento neomudéjar de las Damas Apostólicas, este domingo.

El Ayuntamiento de Madrid no incluyó el convento de las Damas Apostólicas del Corazón de Jesús en su catálogo de edificios protegidos argumentando que “la catalogación de un edificio [...] implica una determinación singular sobre una propiedad privada que pudiera ser indemnizable”. El Consistorio respondió así oficialmente a los vecinos que en julio de 2016 pidieron salvaguardar el convento. La respuesta municipal no tuvo en cuenta que el edificio estaba protegido desde 2013 por una ley regional. Los propietarios lo demolieron parcialmente el 21 de junio.. La concejal socialista Mercedes González exige que el delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo, le dé una explicación.

Los vecinos del entorno del convento, situado en el paseo de La Habana, 198, se temían desde hace un año que el convento de las Damas Apostólicas, protegido por la Ley 3/2013 de la Comunidad de Madrid, pudiera ser derribado para construir en su lugar otra edificación. Por ello, la comunidad de propietarios de la vecina calle de Jerez, 4 remitió un escrito el 11 de julio de 2016 a la Junta Municipal del Distrito de Chamartín para solicitarle que “se realicen las gestiones oportunas para que el edificio perteneciente a la Congregación de Religiosas Damas Apostólicas del Corazón de Jesús [...] sea incluido tan pronto como sea posible en el catálogo de edificios protegidos del Ayuntamiento de Madrid, dada la antigüedad del mismo”.

El área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) municipal respondió al requerimiento con un escrito fechado el 12 de septiembre de ese año y firmado por el subdirector general de Planeamiento Urbanístico, A. M. D. S. La nota explica que “el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997 no incluyó [el edificio] en el catálogo”, cosa que es cierta. Sin embargo, dice también que “la catalogación de un edificio es una modificación del PGOU que implica una determinación singular sobre una propiedad privada que pudiera ser indemnizable”.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad descarta que haya que indemnizar a un propietario cuyo edificio se proteja. “Por eso, al ser una limitación de derechos sobre el inmueble y aumento de sus cargas económicas, hay que catalogar con mucha prudencia y responsabilidad, porque de otro modo los propietarios pueden llegar a recurrir”, señala una portavoz del departamento. Por ello, abogan por promover deducciones fiscales para los propietarios.

Pilar Pereda, arquitecta y asesora del área municipal, no encuentra explicación a ese documento oficial: “No sé de dónde sale esa respuesta”, dice. Reconoce además fallos por no haber trasladado la protección regional al catálogo del Ayuntamiento: “No entiendo que en 2016 no se supiera que ese edificio ya estaba protegido como Bien de Interés Patrimonial por la ley 3/2013 de la Comunidad”.

Un portavoz de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) señala que “es muy absurdo que se considere que una protección supone un menosprecio de un inmueble”. En su opinión, “la protección patrimonial significa que se trata de un bien de gran valor, que es importante para la ciudad. Y además tiene algunas ayudas, ya que, por ejemplo, los Bienes de Interés Cultural no pagan el IBI”.

Precisamente una denuncia de MCyP ha llevado a que la Fiscalía de Medio Ambiente abra una investigación sobre la demolición parcial del inmueble, llevada a cabo los días 21 y 22 de junio, por si pudiera haber algún delito. Ni Ayuntamiento ni Comunidad escucharon las advertencias de vecinos, arquitectos y PSOE para salvaguardar el edificio ante su posible derribo.

La concejal del PSOE Mercedes González llevará una pregunta sobre el tema a la comisión de urbanismo que se celebra este miércoles, que deberá responder el delegado de DUS, José Manuel Calvo. “Este caso debería ser ejemplarizante. Habría que depurar responsabilidades y sancionar a los propietarios. Hay que dejar claro que el patrimonio es importante”, señala González.

La actualización del catálogo, en septiembre

Uno de los motivos por los que ha sido posible el derribo parcial de este convento protegido es que el Ayuntamiento no ha actualizado su catálogo de elementos protegidos. Pilar Pereda, asesora de Desarrollo Urbano Sostenible, avanza que dicha actualización comenzará en septiembre. “Vamos a convocar una mesa donde se sienten todos los interesados —partidos políticos, arquitectos, asociaciones en defensa del patrimonio, etcétera— para debatir los elementos a proteger”.

Pereda adelanta que “será una mesa amplia con mucho debate”. Además, añade que ya se ha emitido una instrucción a todas las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (entidades privadas que dan licencias simples) para que apliquen la ley regional que protege este tipo de conventos, cosa que no ocurrió con Deklara, empresa que autorizó la Declaración Responsable sobre el convento.

Un cúmulo de fallos llevó a la demolición

En 1929 se inicia la construcción del Noviciado de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús, un edificio neomudéjar del arquitecto Críspulo Moro. Los trabajos finalizan en dos años.

En 2005 el inmueble, situado en el número 198 del paseo de La Habana (una de las más caras de la capital) recibe la primera célula urbanística.

En 2006 el arquitecto Leopoldo Arnaiz realiza un Estudio de Detalle para el solar, de unos 17.000 metros cuadrados, que conlleva el derribo del edificio. Ese mismo año, el Ayuntamiento aprueba el planeamiento.

En 2011 la Junta Municipal del Distrito de Chamartín autoriza la demolición del inmueble. Sin embargo, no se lleva a cabo.

En 2013 la Comunidad de Madrid aprueba la Ley 3/2013 de 18 de junio de Patrimonio Histórico, que contempla proteger “iglesias y conventos” anteriores a 1936. Se les otorga una categoría de Bienes de Interés Patrimonial (BIP).

En 2016 las monjas realizan una consulta urbanística sobre el convento. El Ayuntamiento no avisa de que está protegido.

En mayo de 2017 la congregación vende el inmueble a Global Etamin SL.

En junio de 2017 comienza el derribo. Los vecinos alertan de ello en las redes sociales y la Dirección General de Patrimonio paraliza los trabajos.

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