Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Las siete moratorias de Colau

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene diferentes suspensiones de licencias en varios barrios mientras elabora planes de usos para mitigar los efectos del turismo

Imagen de la Plaza d'Osca de Barcelona llena de terrazas.
Imagen de la Plaza d'Osca de Barcelona llena de terrazas.

Hacer frente a los efectos del turismo es uno de los grandes retos del mandato de la alcaldesa Ada Colau en Barcelona. Es el segundo problema para los ciudadanos, según las encuestas y fue una de las promesas electorales centrales de Barcelona en Comú, el partido que sostiene al Ejecutivo junto al PSC. Aparte de revolucionar el mercado de la vivienda, otra de las aristas del fenómeno es la saturación de locales de restauración en los barrios con más presión, con los ruidos y molestias que soportan los vecinos.

El Ayuntamiento está aplicando suspensiones de licencias, sobre todo de bares y restaurantes, como medida provisional mientras elabora planes de regulación futuros, con un plazo de dos años. Además, hay otro tipo de moratorias con el objetivo de ganar espacio para equipamientos o para planes de conservación de patrimonio que han puesto en pie de guerra a los sectores empresariales afectados. Las entidades vecinales se mueven entre el escepticismo y la demanda de más acción aunque en general dan el beneplácito al Consistorio.

La metodología es la siguiente: el Ayuntamiento paraliza las licencias en una zona acotada (del tipo que sean), comprometiéndose a no tardar más de dos años; elabora un plan inicial donde se levantan las suspensiones salvo en zonas concretas y, tras pasar por los trámites administrativos y políticos, aplica un plan definitivo. Que puede conllevar más suspensiones o no, como en el caso de los alojamientos turísticos, cuya moratoria se levantó al aprobar el PEUAT, el plan de hoteles.

Todas las suspensiones dictadas en dos años

Suspensión de licencias de pública concurrencia en Ciutat Vella. Se ordenó en octubre de 2016. Es la más ambiciosa y pretende elaborar un plan de usos nuevo, para el que el distrito ha encargado estudios. El anterior lo tumbó un juez.

Suspensión de licencias de pública concurrencia en Sant Antoni. En febrero de 2017.

Suspensión de licencias de pública concurrencia en Sants. Data de junio de 2016 y actualmente se limita a la plaza d'Osca y calle de Riego.

Suspensión de licencias en el Eixample. Es de febrero de 2017 y afecta a 10 solares.

Suspensión de licencias de Vallcarca. Se ordenó el pasado abril de 2017, también para sustituir el plan de usos actual que data del 2002.

Suspensión de licencias de 38 casas-fábrica del Raval. Es de julio de 2016 y según el Ayuntamiento se resolverá "en breve".

Moratoria de licencias para pisos turísticos. Fue heredada del Gobierno anterior y el actual la renovó hasta que en enero de 2017 Colau logró aprobar el plan global de alojamientos turísticos de la ciudad y quedó suspendida de facto.

El barrio de Sants es la última zona en sumarse a lista de suspensiones enfocadas en la restauración. Su trama de calles antiguas y placitas agradables con terrazas se ha convertido en un infierno para los vecinos a medida que se ha ido poniendo de moda. El Ayuntamiento paró de dar licencias hace ahora un año y ya tiene listo el plan de usos provisional —está en fase de alegaciones—, que limitará el crecimiento de bares y restaurantes en dos puntos concretos: la plaza d'Osca y la calle de Riego, peatonal. La presión es altísima en el triángulo que forman las calles Creu de la Coberta, paseo de Sant Antoni y Tarragona. En su interior hay una media de casi 20 locales por cada mil vecinos, una cifra cercana a la de los barrios más céntricos y turísticos.

El Consistorio asegura que ha elaborado este y otros planes iniciales de usos en connivencia con los vecinos y restauradores. La patronal lo niega. "Es un nuevo episodio de la persecución que vive la restauración", se queja el Gremio de Restauradores. Su portavoz, Roger Pallerols, cree que el Ayuntamiento, con el que tiene varios frentes abiertos —al mismo tiempo hay una reforma de la ordenanza de terrazas pendiente en toda la ciudad— está frenando las inversiones y le acusa de falta de diálogo. El gremio amenaza incluso con acciones judiciales amparándose en una sentencia por la que un juez ya tumbó una reducción horaria de la apertura de los locales en la calle de Blai, en Poble Sec, donde estableció una hora menos de actividad como medida excepcional por la alta tasa de ruidos.

Janet Sanz, teniente de alcaldesa de Ecología, Urbanismo y Movilidad, asegura que sí ha habido reuniones con el gremio. Y defiende que la voluntad de diálogo del Ayuntamiento es más que evidente. "Hay periodos de alegaciones donde pueden impugnar lo que quieran. Además, están los consejos de barrio donde pueden acudir y tienen voz. Tengo la sensación de que a veces ciertos sectores económicos creen que tienen más poder que el propio Ayuntamiento y para hacer algo les tienes que pedir permiso. Y no es eso. Tenemos que contar con el tejido representativo y lo estamos haciendo", explica. Sanz defiende las moratorias porque, "permiten evitar monocultivos [por ejemplo que en una plaza solo haya bares y en una calle solo tiendas] y reordenar", añade.

Las entidades vecinales se mueven entre el escepticismo y la demanda de más intervención. La de Hostafrancs, una de las de Sants, cree que la moratoria no tiene ningún efecto porque no hay ya locales nuevos que puedan albergar futuros negocios. "No cabe ni un bar más", explica Jordi Clausell, miembro de la junta directiva. Clausell cree que el Consistorio ha acotado una zona de restricción muy pequeña y opina que el fenómeno solo hará que trasladarse de calles. Su organización, no obstante, cree que, en líneas generales, la metodología de aplicar suspensiones es positiva.

En este tipo de moratorias a Sants le precedieron el distrito entero de Ciutat Vella, donde se aplica una más estricta que afecta a locales de alquiler de bicicletas y patinetes, almacenes y tiendas de alimentación, por ejemplo. También Sant Antoni, otro barrio popular que ha sucumbido al ambiente hipster y la gerintrificación.

El consistorio defiende las suspensiones para anticiparse a problemas

Otro tipo de suspensiones es el que afecta a edificios enteros o solares. En el Raval, también desde hace un año, no se pueden hacer obras ni otorgar cualquier tipo de licencias sobre 38 edificios catalogados como antiguas casas-fábricas con el objetivo de preservar el pasado industrial del barrio.

En este caso, explica Sanz, el Consistorio está elaborando un plan de patrimonio que anunciará “en breve”. En el Eixample existe otro tipo de limitación: aquí son solares, con la intención de adelantarse al futuro y ganar terreno para hacer equipamientos. Actualmente son de titularidad privada y el Consistorio está evaluando si comprarlos o no.

De estas dos últimas moratorias también se queja el Colegio de agentes inmobiliarios de Barcelona. El presidente, Joan Ollé, cree que el periodo de dos años que se da el Ayuntamiento para reordenar las zonas donde paraliza licencias es demasiado largo. “Todas estas moratorias generan inseguridad e incertidumbre de inversiones”, lamenta Y apunta a otra contrapartida: “Los locales que ya están aposentados y sí gozan de las licencias suben el precio, lo que crea privilegios y afecta a la competencia”.

Sanz, de nuevo, defiende que hasta ahora ninguna de las suspensiones ha superado el tiempo que han prometido y las considera una herramienta, no un fin: “En muchos sitios hay problemas graves de convivencia y hay que atajarlos”.