Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Moción de censura en martes y trece

La iniciativa de Pablo Iglesias es una oportunidad para enjuiciar la responsabilidad del PP en la crisis institucional y la corrupción

Pablo Iglesias, en el Congreso.
Pablo Iglesias, en el Congreso.bernardo pérez

A veces surge de pronto una voz que aclara aquello que es percibido como excesivamente complicado y cuesta comprender. Es lo que sucedió la semana pasada con un artículo publicado el 2 de junio en InfoLibre por el fiscal en excedencia Carlos Castresana acerca de la dimisión de Manuel Moix como Fiscal Jefe Anticorrupción. O lo que pasó con las conclusiones del fiscal Emilio Sánchez Ulled en el juicio del caso Palau. Son concisas descripciones de dos casos de apropiación indebida de dignas instituciones públicas por parte de personas, grupos y partidos que las parasitan para otros fines, en los que se mezclan los intereses del PP y de Convergència, respectivamente, y ganancias privadas.

Cuando estallan escándalos de este tipo se forma un guirigay en el que no siempre brilla la verdad. Lo que banaliza la abrumadora serie de casos de corrupción que afectan al PP y convierte en ininteligible la crisis por ellos provocada es la ausencia de una explicación ordenada que relacione las partes con el todo y aflore su sentido global. Esto es lo que explica que el PP conservara todavía el 33% de los votos en las últimas elecciones y, un año después, solo haya caído siete puntos en los sondeos. Todavía hay por lo menos un 26% de electores dispuestos a votar al partido de gente como Luis Bárcenas o Rodrigo Rato, y ese Eduardo Larraz, ex jefe de gabinete de Celia Villalobos y ex alto cargo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, que ha acumulado 146 lingotes de oro en un banco suizo. Eso: 146 lingotes de oro en Suiza.

Hace falta una explicación que muestre el hilo conductor que va de la financiación ilegal del partido, a las corrupciones de personajes como los ex presidentes de las comunidades autónomas de Baleares, Valencia, Madrid y Murcia, y hasta la ruinosa operación de convertir Caja Madrid en el banco del PP, que ha terminado por costar miles de millones de euros a todos los ciudadanos. Y todo ello con la toma del control por el propio PP de instituciones centrales del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Consejo Fiscal. Incluso el Tribunal Constitucional. Hace falta explicar que este comportamiento es al mismo tiempo causa y consecuencia de los otros dos grandes males que aquejan desde hace años a la sociedad española: el escandaloso aumento de la desigualdad provocado por la insensibilidad de los gobernantes ante los estragos de la crisis económica, y la voladura del pacto constitucional que fijó en 1978 el modelo de relación entre Cataluña y España.

Una explicación de este tipo es una necesidad por razones de higiene política. La moción de censura al presidente del Gobierno Mariano Rajoy es una buena oportunidad para llevarla a cabo. Es perfectamente congruente con la situación política que, en un proceso de creciente degradación del partido del Gobierno, quien aspira a liderar la oposición parlamentaria, Pablo Iglesias, presentara la moción de censura. ¿Quién más iba a hacerlo? La torpeza del ala derecha del PSOE provocó hace ocho meses sin darse cuenta que el líder de Podemos, ese Pablo Iglesias al que tiene más tirria que a Rajoy, deviniera también en líder de la oposición parlamentaria después de la obligada dimisión de Pedro Sánchez.

Lo que ahora se presenta ante Iglesias, todo el mundo lo sabe, comenzando por él mismo, no es la oportunidad de sustituir a Rajoy al frente de Gobierno. Lo que se ofrece es una buena ocasión para dar a la sociedad española una explicación coherente que dé sentido a los numerosos datos parciales que confusamente surgen de la crisis y describa el papel que cada actor tiene en ella. Respecto a la crisis económica, desvelar y denunciar la sumisión del Gobierno a los poderes financieros; respecto a los demás partidos, reclamar a los que pregonan afanes regeneracionistas que dejen de sostener al partido líder de la corrupción. Y respecto a la crisis constitucional es una excelente oportunidad para dejar claro que no se trata del extravío del Gobierno y el Parlamento catalanes, sino de un conflicto provocado desde 2005 por el PP para laminar el autogobierno, ganar votos en el centro y el sur de España y atar al PSOE al palo mayor del barco del nacionalismo españolista que el PP comanda. Claridad es lo que ahora se necesita, y que sea en un martes y trece no es lo que más lo dificulta.

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