La ley del voto electrónico no estará lista para el referéndum

La ley que impulsa el Gobierno de la Generalitat para facilitar el voto electrónico a los catalanes residentes en el extranjero no estará lista para el referéndum de independencia ni para las elecciones autonómicas que probablemente se celebrarán este otoño. El Gobierno de Carles Puigdemont prometió que acabaría con la situación actual que dificulta el voto desde el extranjero, pero el proyecto de ley que tramita el Parlament ha topado con la realidad: el voto electrónico no ofrece garantías de confidencialidad y su implantación requiere un tiempo que escapa al calendario político para conseguir la secesión.

La cifra de catalanes residentes en el extranjero ronda las 285.000 personas. En las últimas elecciones autonómicas de 2015 solo votaron 14.781 personas de un censo de 196.065 electores. Eso provocó la reacción airada de los partidos independentistas, que culparon a la ley electoral española y al Gobierno del PP de dificultar el voto y se prometieron elaborar una normativa que acabase con la nueva situación. Esas dos cifras se repitieron con insistencia desde diversas tribunas, pero no se dijo con tanto ahínco que solo 21.771 catalanes habían solicitado votar en esas elecciones. Es decir, que en realidad votaron el 68% de las personas que lo solicitaron, según las cifras facilitadas por la Generalitat.

La consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, que es el departamento que impulsa la ley, prometió el pasado 18 de enero en el Parlament que los catalanes en el extranjero podrían votar en el referéndum de independencia si se cumplían dos condiciones: que se aprobase el proyecto de ley en trámite en el Parlament y que se prevea esa posibilidad en el decreto de convocatoria.

El proyecto entró en la cámara a mediados de octubre de 2016 y su tramitación tardará entre ocho y 18 meses, según el calendario que prevé la propia Generalitat, en función de las prisas con las que se tramite. Hasta ahora, no ha superado la primera de las seis fases para implementarlo, la referida al marco jurídico. Lo que sí se sabe ya es que no estará listo para el referéndum, según admite Joan Manel Gómez, coordinador del plan de acción de la Generalitat para implementar el voto electrónico de los catalanes residentes en el extranjero. “Es una ley pensada para las elecciones, no para el referéndum”, explica Gómez, quien recuerda que requiere una mayoría cualificada de la cámara al ser una ley que desarrolla el Estatut.

En su opinión, el voto electrónico es seguro y su implantación depende de numerosos factores. El más importante es que exista un amplio consenso entre los partidos que parece que no se da. “Dentro de diez años se redactarán artículos de cuál fue la primera votación que se hizo por Internet porque la gente lo pedirá a gritos”, asegura Gómez.

David Pérez, diputado del PSC en la ponencia que tramita el proyecto no es tan optimista. “Hay que seguir avanzando en este tema, pero hasta ahora no se dan las condiciones ni las garantías de transparencia que permitan descartar que no se van a producir injerencias externas”, asegura.

Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí que es Pot, coincide en mostrar sus reservas sobre la seguridad del voto electrónico y recuerda que los expertos que han comparecido hasta ahora en la ponencia han coincidido, con mayor o menor medida, en esta advertencia.

Gabriel Colomé, exdirector del Centro de Estudios de Opinión (CEO) y uno de esos expertos que han pasado por la comisión parlamentaria, es más contundente. “No existen garantías de confidencialidad, que es la base para que el voto sea secreto, ni existen garantías de verificabilidad”, explica quien también fuera concejal del Ayuntamiento de Barcelona por el PSC. También recuerda que algunos países europeos que optaron por el voto electrónico o planeaban implantarlo, como Alemania, Holanda o Francia, han acabado renunciando, al demostrarse su vulnerabilidad.

Voto presencial

Para Colomé, la solución pasaría por habilitar un espacio similar a una cabina presencial en los consulados españoles o en los casales catalanes en el extranjero, pero la Generalitat descarta por completo esa opción. “Para hacer una prueba no hace falta hacer una ley”, explica Colomé.

El responsable de la Generalitat que impulsa el proyecto rechaza las críticas a su proyecto. “No hay ningún caso documentado que demuestre que se ha vulnerado la integridad del voto electrónico”, dice Joan Manel Gómez, quien recuerda también que el coste económico de esa opción es cuatro veces inferior a la del voto con papeleta y sobre.