El Tribunal Superior valenciano suspende el modelo lingüístico educativo de la Generalitat

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha suspendido este miércoles la aplicación del nuevo modelo lingüístico de enseñanza aprobado por la Generalitat. La medida cautelar, que no entra en el fondo del asunto, paraliza la entrada en vigor del sistema prevista para el próximo curso, como había solicitado la Diputación de Alicante, para evitar que puedan "producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible o difícil para los intereses y derechos" de los alumnos.

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La medida cautelar puede ser recurrida ante el mismo tribunal por un plazo de cinco días, y el consejero de Educación, Vicent Marzà, ha anunciado que su departamento apelará.

El nuevo modelo lingüístico, aprobado mediante decreto en enero, contemplaba inicialmente que los colegios e institutos podían aprobar un aumento paralelo de las horas de enseñanza en valenciano e inglés en el marco de un sistema de trilingüismo junto al castellano. Ello se traducía en un distinto nivel de acreditación de idiomas del valenciano y el inglés al acabar los ciclos en función del grado de plurilingüismo (básico, intermedio y avanzado) asumido por el centro.

Posteriormente, la Generalitat ha abierto la puerta a que el aumento de horas en inglés pueda realizarse sin necesidad de que crezcan las de valenciano.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV señala que resulta "evidente que, de no suspenderse el decreto hasta que recaiga sentencia, un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas".

"En este sentido, que es la base argumental de la medida cautelar solicitada", prosigue el auto, "se aprecia que, pese a lo que alega el letrado de la Generalitat, existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, interme­dio y avanzado" contempladas por el decreto.

La Generalitat ha criticado en las últimas semanas que la Diputación de Alicante, gobernada por el Partido Popular, recurriera el decreto —algo que también han hecho el PP de la Comunidad Valenciana y el sindicato CSIF, entre otros—, pese a carecer de competencias en educación. El tribunal indica, sin embargo, lo contrario.

"No es frecuente que una Administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos frente a lo que considera una disposición general contraria a derecho. Por ello, la sala tiene en consideración esta circunstan­cia y aprecia que, si bien se presume el interés público en la Administración de la Generalidad valenciana demandada y en el decreto recurrido, no debe olvidarse que también es defensora de ese interés público la Administración alicantina recurrente", señala la resolución.

"No es una sentencia firme y vamos a recurrir porque tenemos la garantía de que el decreto está fundamentado, tiene base pedagógica y jurídica, y el aval tanto del Consell Jurídic Consultiu, de la Abogacía de la Generalitat y del Ministerio de Educación", ha afirmado el consejero Marzà tras conocer la decisión judicial.

El Tribunal Superior valenciano también paralizó cautelarmente el año pasado otras medidas educativas de la Generalitat, como el veto a que los alumnos de las universidades privadas pudieran hacer prácticas en hospitales públicas, y acabó finalmente dando la razón al Gobierno autonómico.