El fiscal de la consulta del 9-N y del ‘caso Palau’ se va a Bruselas
Emilio Sánchez Ulled deja Anticorrupción tras ser nombrado consejero de Justicia en la representación de España ante la UE
Emilio Sánchez Ulled, el fiscal de la consulta del 9-N y del caso Palau, ha sido nombrado este jueves consejero de Justicia en la representación permanente de España ante la Unión Europea, con sede en Bruselas. Sánchez Ulled deja temporalmente su plaza como delegado de Anticorrupción en Barcelona para ocupar un puesto de perfil técnico en Bruselas, donde se ocupará de materias relacionadas con la justicia penal en el ámbito europeo.
Sánchez Ulled acumula una trayectoria internacional amplia: trabajó dos años en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de Varsovia. Y viaja cada año, como experto independiente para la Comisión Europea, a Rumania y Bulgaria. El fiscal accede al cargo tras presentarse a una convocatoria pública y abierta en la que compitió con otros candidatos, la mayoría abogados del Estado. Su experiencia internacional en el ámbito europeo ha pesado en el nombramiento, según han explicado diversas fuentes.
La imagen pública de Sánchez Ulled ha cobrado especial relevancia en los últimos meses. Llevó la voz cantante en el juicio contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, que culminó con la condena al expresident a dos años de inhabilitación por desobediencia. También ha sido el fiscal del caso Palau, que se está juzgando en estos momentos y que ha destapado la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Su trayectoria en Anticorrupción en Cataluña es amplia (casos Unió, Adigsa o Hacienda; este último acabó con la condena al constructor y expresidente del Barça Josep Lluís Núñez).
El BOE publica este jueves el nombramiento de Sánchez Ulled, que debería pasar a servicios especiales en el plazo de tres días. La Fiscalía, sin embargo, ha solicitado un aplazamiento hasta finales de junio para poder acabar, precisamente, el juicio por el expolio del Palau de la Música. Fuentes cercanas a la Fiscalía sostienen que se trata de "un paréntesis voluntario y temporal", y un "reto profesional".
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