Cifuentes se queda con el aval de OHL para el tren a Navalcarnero
La garantía depositada por la empresa asciende a 16 millones de euros
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado a OHL, en un auto firmado el pasado día 3, la devolución de la fianza de 16 millones que depositó en la Comunidad cuando esta le adjudicó las obras del tren a Navalcarnero, ahora abandonadas. La situación se ha complicado tras ser detenido el jueves Javier López Madrid, consejero de la firma, por el supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González, expresidente de la Comunidad. El Gobierno regional abrió el mes pasado un expediente de resolución del contrato e impuso a la empresa una multa de 34 millones. OHL reclama, por su parte, 370.
Los litigios abiertos entre la Comunidad y OHL por las obras del tren que debía unir Móstoles con Navalcarnero, y que permanecen paradas desde 2010, han dado un nuevo giro con la detención, en el marco de la Operación Lezo, de Javier López Madrid, consejero de la empresa y yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora. El juez investiga si OHL pagó una mordida por un proyecto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que permanece detenido desde el miércoles.
En este complejo escenario, los procedimientos abiertos por su sucesora, Cristina Cifuentes, contra la empresa, debido a que no finalizó las obras, continúan adelante. El plazo de entrega de la infraestructura estaba previsto para 2013, y ahora, con la concesionaria Cercanías Móstoles Navalcarnero (participada por el grupo OHL) en liquidación, es improbable que llegue a buen término.
La Consejería de Transportes inició el mes pasado un expediente de resolución por incumplimiento del contrato, ante la “imposibilidad material y temporal de finalizar las obras”. La Comunidad tiene previsto reclamar a la concesionaria unos 300 millones de euros por este motivo.
Además, en febrero de 2016, la consejería impuso a la mercantil una multa de 34 millones de euros por “incumplimiento de la obligación de ejecutar la totalidad de las obras en plazo”. Para asegurarse el cobro de la gigantesca sanción, el Gobierno regional retuvo, de entrada, los 16 millones de euros de la garantía que tuvo que presentar la constructora. El resto lo cobraría por vía ejecutiva. “Es la mayor cuantía que la Comunidad de Madrid ha retenido por un aval”, sostienen fuentes de Transportes.
OHL interpuso entonces un recurso contencioso-administrativo contra la sanción, que perdió. Fue en ese momento cuando la mercantil solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que suspendiera de forma cautelar la orden de la Comunidad que le impedía disponer de los millones del aval. Pero los magistrados han dado la razón en primera instancia al Gobierno regional en un auto del pasado día 3, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los servicios jurídicos de OHL han presentado un recurso de reposición contra esa decisión.
La concesionaria, que se declaró en concurso voluntario de acreedores en mayo del año pasado debido a su insolvencia, se encuentra en la actualidad en liquidación. Por este motivo, OHL asegura que está resuelto el contrato de concesión suscrito el 2 de enero de 2008 con la Comunidad para la construcción, conservación y explotación de la línea ferroviaria entre Móstoles Central y Navalcarnero.
Indemnización millonaria
Además, la liquidación implica que el Ejecutivo regional tiene que hacer frente a una responsabilidad patrimonial. Desde la consejería señalan que serán los tribunales los que decidan. En este embrollo, OHL pide al Gobierno regional una indemnización de 370 millones de euros, 320 por la inversión realizada y 50 por daños y perjuicios.
Las obras del tranvía de Navalcarnero fueron la promesa estrella de Esperanza Aguirre para la zona suroeste de Madrid en las elecciones de 2007. Pero nunca llegaron a buen puerto. El proyecto pretendía llevar el Cercanías hasta Navalcarnero, donde estaban previstos importantes desarrollos urbanísticos. De esta forma, se conectarían Atocha, Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero construyendo un tramo de vía entre Móstoles (205.000 habitantes) y Navalcarnero (26.300). El recorrido, de 14,8 kilómetros, debía transitar por siete estaciones.
El proyecto se adjudicó a la sociedad Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa), y Aguirre puso la primera piedra en 2008. La constructora se comprometió a correr con todos los gastos de la infraestructura y a su explotación, mientras que el Gobierno regional le pagaría un canon por cada usuario (2,94 euros). La inversión prevista era de 362 millones.
OHL se las prometía muy felices y sus cifras de viajeros superaban con creces las que manejaba el Consorcio de Transportes. Esperaban contar con 9,7 millones al año, mientras que las cuentas de la Administración llegaban solo a los 5,1 millones.
Pero en 2010, la concesionaria paró la infraestructura por “problemas financieros”. La empresa reprocha al Gobierno regional que no le inyectara los 50 millones que el Ayuntamiento de Móstoles iba a aportar al proyecto, “según se recogía en el pliego de condiciones”. Otro de los problemas con los que se topó OHL fue el soterramiento de un túnel “que tampoco se contemplaba en el proyecto original”.
10.000 vecinos a la espera del Cercanías prometido
“Detrás de que se lleven el dinero, de la corrupción, queda mucho daño real, porque aquí hay personas que vinieron a vivir atraídas por el transporte prometido”, se queja José Luis Adell (PSOE), alcalde de Navalcarnero. La fallida infraestructura iba a acercar el Cercanías a su pueblo, situado a 35 kilómetros del centro de Madrid. Su construcción se encontraba íntimamente ligada a una operación urbanística “salvaje, con más de 70.000 habitantes”, explica Adell. En la actualidad el municipio cuenta con 26.300. La crisis dio al traste con semejantes previsiones. Pero algo se construyó y llegaron muchas familias jóvenes, unos 10.000 vecinos, que “han quedado atrapadas, y ese es el daño fundamental”.
El alcalde de Móstoles (205.000 habitantes), el socialista David Lucas, explica que OHL ha dejado detrás un municipio que parece un queso gruyere. “Hasta hace muy poco había hasta una tuneladora abandonada en el subsuelo”, describe.
El regidor recuerda sus quejas y su lucha cuando estaba en la oposición. “No entendíamos el motivo por el que habían parado las obras, aunque ahora, con todo lo que está ocurriendo, parece que se va a aclarar”, añade. Lucas cuenta también que el proyecto inacabado “ha roto muchas ilusiones”. Sobre todo, porque implicaba el soterramiento de las vías del tren a su paso por la localidad, que en este momento está partida en dos, con graves problemas de ruido. Lucas espera que la Comunidad sea capaz de reiniciar y terminar las obras. También recuerda sus quejas, que caían en saco roto hasta que habló con Cristina Cifuentes y ella se comprometió a tomar medidas judiciales.
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