Un empresario del 3% escribió a Mas para conseguir un puesto a su mujer juez
La Guardia Civil sitúa al exconsejero Germà Gordó en el epicentro de las comisiones ilegales
El empresario Josep Manel Bassols está acercando el caso 3% a las más altas esferas políticas. El material incautado por la Guardia Civil en el registro de su domicilio revela cómo Bassols trató de influir y de buscar el favor del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y de su sucesor, Carles Puigdemont, cuando éste era alcalde de Girona por CiU. Las anotaciones halladas en la empresa de Bassols, Oproler, también apuntan a que Germà Gordó, exconsejero de Justicia y hombre de la máxima confianza de Mas, participó en el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública.
El juez del caso 3% ha levantado ahora una parte del sumario, que ha revelado estos nuevos indicios. Bassols, delegado de Oproler en Cataluña, es uno de los empresarios imputados por haber pagado presuntamente mordidas a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de la adjudicación de obra pública. Los documentos incautados por la Guardia Civil revelan que Bassols fue más allá e intentó conseguir un trato de favor para sí y para su esposa, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Núria Bassols.
En septiembre de 2011, el empresario envió una carta a Mas -que ya era presidente de la Generalitat- para explicarle unas circunstancias que afectaban a él y a su mujer. En concreto, mencionaba que Núria Bassols quería dejar su puesto de trabajo y citaba a dos personas que podrían “resolver” la situación: el exdiputado de CiU Ramon Camp -entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial- y el propio Gordó. Según la Fiscalía Anticorrupción, Gordó habría dirigido a Bassols a Gisa, la mayor adjudicataria pública de Cataluña (hoy rebautizada como Infraestructures.cat) para conseguirle un puesto allí.
El nombramiento no fructificó pero lo cierto es que, a finales de 2013, el Gobierno catalán nombró a Núria Bassols como directora de políticas de Transparencia de la Generalitat. La juez tuvo que dejar el cargo precisamente tras la detención de su marido por el caso 3%. Apenas un mes antes de ese nombramiento, la magistrada había decidido exculpar al exdiputado de CiU Ferran Falcó del caso Adigsa, en el que estaba imputado por el presunto cobro de comisiones a través de la empresa pública Adigsa, dedicada a la rehabilitación de viviendas.
La aparición de Puigdemont en el sumario también es colateral y también nace del empresario Bassols. Por indicaciones del propietario de Oproler, Sergio Lerma, Bassols intentó abrirse camino entre las autoridades de Girona para lograr adjudicaciones, según un informe de la Guardia Civil. En los registros, los agentes encontraron una fotografía en la que aparecen, juntos, Bassols y Puigdemont durante un partido de fútbol en el Camp Nou. Tras el encuentro, Bassols escribe a su jefe: "Ayer llevé al fútbol al alcalde de Girona (junto con su esposa y un arquitecto de confianza suya). La lluvia nos respetó y el resultado (del partido y de la invitación) fue magnífico. Espero nos ayude a entrar en el Ayuntamiento de Girona".
La documentación hallada a Bassols también supone un indicio (aunque no el único) de que Germà Gordó era una pieza clave en la trama de financiación ilegal de Convergència. En su casa y en la sede de Oproler en Barcelona, los agentes encontraron anotaciones manuscritas y documentos que vinculan a Gordó con la adjudicación por Infraestructures.cat de un instituto en Manresa. El empresario "agasajó" a Gordó con comidas y regalos, según la Guardia Civil.
Tanto ese como otros registros sirvieron a la Guardia Civil para emitir un informe en el que consideran a Gordó una pieza clave en el cobro de comisiones. El exconsejero participó en gran cantidad de "gestiones, reuniones y comidas". Sobre esos datos, los fiscales anticorrupción del csao, José Grinda y Fernando Bermejo, elaboraron un informe en el que consideran a Gordó el "conseguidor" de la trama. Y pidieron al juez de El Vendrell (Tarragona) que lleva el caso que remitiera los indicios al TSJC para imputarle. El tribunal catalán, sin embargo, rechazó la imputación de Gordó porque, por ahora, no se dan los requisitos mínimos para imputarle.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
- Caso 3 por ciento
- Adjudicación contratos
- Fundación CatDem
- CDC
- Corrupción política
- Contratación pública
- Cataluña
- Contratos administrativos
- Derecho administrativo
- PdeCat
- Gasto público
- Fundaciones
- Investigación judicial
- Casos judiciales
- Corrupción
- Partidos políticos
- Finanzas públicas
- Sector público
- Proceso judicial
- Política
- Administración pública
- España
- Economía
- Justicia
- Finanzas