El PSOE alega a la comisión sobre el fraude en los cursos que no hay trama

Los partidos políticos andaluces han presentados sus enmiendas a la propuesta de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el fraude en los cursos de formación sin cambios sobre las posiciones que ya expresaron. El PSOE mantiene que no hay responsabilidades políticas frente a la conclusión que presentó el presidente del grupo del grupo especial de diputados, Julio Díaz (Ciudadanos), que señala solo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin embargo, el resto de grupos (PP, IU y Podemos) mantienen que la presidenta, Susana Díaz, es responsable.

El PSOE mantiene en sus alegaciones que "no existen pruebas ni evidencias en que fundamentar la existencia de una trama organizada". "El PSOE sería el primero en exigir, si hubiera existido una trama de corrupción, las responsabilidades políticas, penales y de toda índole y, sobre todo, que se devolviera el dinero usado indebidamente", añade la formación.

El PSOE argumenta que "son mínimas las referencias literales a lo manifestado por los comparecientes para respaldar las afirmaciones recogidas en la propuesta de dictamen", donde se señalan irregularidades por falta de control de las subvenciones por los curso, y reprocha que "deberían ser las comparecencias la base principal para determinar con objetividad los hechos investigados, abstrayéndose de apriorismos y comentarios ajenos a los trabajos de la comisión".

Falsa amenaza de bomba

Finalmente, los socialista atribuyen la comisión y las conclusiones "a una estrategia de acoso y derribo al Gobierno socialista andaluz". "Sería como responsabilizar a la Policía del daño que pudiera producirse por desalojar un edificio como consecuencia de una alerta de bomba que posteriormente resulta falsa, cuando además en este caso quién hizo la llamada sabía que era falsa", afirman en sus alegaciones.

Por el contrario, el PP ha señalado en sus alegaciones que, además de Chaves y Griñán, Susana Díaz es responsable de la "pérdida de 822,3 millones de euros que se tenían que dedicar a actuaciones en materia de formación profesional para el empleo". En este sentido, también señalan a los consejeros de Empleo, José Sánchez Maldonado, y de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

Para los populares, Díaz tuvo "tuvo conocimiento desde el primer momento de las irregularidades" y tiene responsabilidad política por "inhibirse" ante los informes de intervención, "falta de colaboración", "ocultar información" y paralizar los cursos, lo que ha supuesto un coste de 468 millones de euros de fondos europeos.

Fátima Báñez

IU y Podemos también responsabilizan a Díaz y a  Maldonado, por "negligencia y pasividad" ante las supuestas irregularidades que, a su juicio, crearon una "red clientelar política". IU suma entre los responsables a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "por no comparecer en la comisión de investigación" y al que fuera delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, "por abandonar la sesión de la comisión de investigación sin que esta hubiese finalizado".

Finalmente, Ciudadanos, que ha presidido la comisión, ha presentado un total de 22 enmiendas "de forma" que no modifican las responsabilidades políticas establecidas "ni alteran el espíritu del dictamen".