Colau defiende la legalidad del contrato de la luz

En pulso que mantiene la alcaldesa Ada Colau con las grandes eléctricas a propósito del concurso para el suministro del Ayuntamiento (63 millones de euros en juego) ha entrado en una batalla de argumentos jurídicos. Las eléctricas mantienen que el texto del concurso es un "cheque en blanco" sobre la responsabilidad de las empresas en la factura que los municipios asumen por los casos de pobreza energética y han logrado que el Tribunal de Contratos paralice el contrato. Y Badia, que pide que se levante la suspensión, insiste en que lo único que exige el consistorio es que se cumpla una ley, la de la pobreza energética, fruto de una iniciativa legislativa popular que logró un amplio consenso político.

El ejecutivo ha mantenido este jueves, a través del concejal Eloi Badia, que Endesa y Gas Natural Fenosa no se presentaron "porque no quisieron", no porque no tuvieran garantías legales. El concejal de Presidencia, Energía y Agua ha comparecido este jueves y ha defendido que el concurso "es plenamente legítimo". Por ello el consistorio ha presentado alegaciones a la decisión del Tribunal de Contratos de paralizarlo y atender la impugnación de las dos grandes. En concreto, las alegaciones piden retirar las medidas cautelares y poder celebrar la subasta.

Badia ha señalado que Endesa y Gas Natural "no argumentan ninguna imposibilidad legal" para no presentarse: "No es que no hayan podido presentarse, sino que no han querido, es muy legítimo". El concejal ha advertido: "La voluntad del Ayuntamiento es trabajar solo con las compañías que respeten la ley". "No queremos compañías que no tengan esta responsabilidad", ha insistido y ha remachado: "Estamos tranquilos, hemos hecho el camino que tocaba y no estamos solos".

Badia ha asegurado que desde el lunes pasado, cuando estalló la pugna, el Ayuntamiento ha recibido "un alud de llamadas de Ayuntamientos" interesados por exigir el cumplimiento de la ley 24/2015 en sus contratos; además del "apoyo expreso del consejero [de Empresa] Jordi Baiget" y del presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch.

En este sentido, Badia ha recordado que el pasado verano la ACM licitó el suministro eléctrico para 600 ayuntamientos catalanes y que Endesa se presentó y ganó pese a que el concurso también exigía responsabilidades en relación a la pobreza energética. Endesa responde que la referencia en el caso de la entidad municipalista era "muy genérica, sin el nivel de exigencia del de Barcelona".

El pliego de la ACM decía lo siguiente: "Se tendrán que cumplir, cuando sea preciso, los requerimientos derivados de la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética". Badia ha admitido que la referencia de la asociación municipalista era genérica, mientras las exigencias del concurso de Barcelona incluían "párrafos calcados de la ley" y explicitaban la obligatoriedad de firmar un convenio en seis meses.

Badia ha explicado que las alegaciones para que se levante la suspensión del concurso argumentan que la contratación pública "no es solo un fin económico y hay que incorporar la responsabilidad social" y "que el pliego no incorpora nada que no esté en la legislación catalana". El regidor también ha celebrado que en el concurso de Barcelona "se ha conseguido la mayor competencia hasta la fecha, con seis empresas, lo que acredita la calidad del proceso".