Las empresas del 3% coparon con Mas la obra pública en sanidad y educación

Las constructoras implicadas en el caso 3% por la financiación ilegal de Convergència coparon bajo los gobiernos de Artur Mas los contratos de obra pública en áreas como la sanidad y la educación. La decena de empresas en las que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco acapararon casi la mitad (el 49,2%) de las obras sanitarias licitadas por Infraestructures, el mayor ente adjudicador de la Generalitat. En el terreno educativo, ese porcentaje es del 43%. Ambas cifras están muy por encima del peso de las mismas empresas en el total de la obra pública de la Generalitat.

Las constructoras investigadas recibieron en su conjunto algo más de un tercio de los 530 millones adjudicados por la Generalitat mientras Mas ocupó la presidencia, entre 2011 y 2015. Fueron años en los que la obra pública se desplomó —de 1.600 millones en 2010 a apenas 73, según la Sindicatura de Cuentas—, y centros de salud y colegios pasaron a ocupar un lugar central en las maniobras del tesorero del partido, Andreu Viloca, y los empresarios detenidos.

Las investigaciones han destapado hasta ahora el supuesto pago de mordidas en la construcción del instituto Lluís de Paguera, en Manresa; el contrato de mantenimiento de la mitad de los colegios de Barcelona capital; y dos centros de atención primaria (CAP) en Mataró y Prats de Lluçanés.

Pero el análisis de toda la obra pública adjudicada por Infraestructures —cuyo exdirector Josep Antoni Rosell también ha sido detenido— extiende la sombra sobre al menos una veintena de proyectos más logrados en los mismos años por las empresas investigadas. Estas construyeron 10 de los 18 centros de atención primaria (CAP) adjudicados. En total, incluyendo también obras en centros de mayores y excluyendo la de los hospitales concertados —con procesos de adjudicación propios—, las constructoras investigadas acapararon 38 de los 77 millones adjudicados por Infraestructures.

En el terreno educativo —guarderías, colegios e institutos, ya que las universidades cuentan con mesas de adjudicación propias— estas cifras ascienden a 48 de los 112 millones adjudicados, incluyendo al Consorcio de Educación de Barcelona, formado por Generalitat y Ayuntamiento, y  también investigado por Anticorrupción.

Según han revelado las investigaciones, Viloca se reunía con constructores antes y después de que los concursos fueran licitados. Los primeros encuentros servían para condicionar las adjudicaciones. Los segundos, para cobrar las supuestas mordidas.

La mayor parte de los pagos eran vehiculados a través de las dos fundaciones de Convergència —CatDem y Fòrum Barcelona— como “sobornos bajo la apariencia de donaciones”, según Anticorrupción. Viloca y sus contactos políticos lograban, según los investigadores, “amañar” los contratos sin “saltarse los requisitos formales” del concurso.

Esto explica que algunas de las empresas investigadas —Copisa, Grup Soler, Teyco...— figuren entre los principales donantes al partido entre 2011 y 2015. Pero Viloca también acordaba con los empresarios otras formas de pago, según han revelado las pesquisas, ya que varias de las compañías —Comsa, Benito Arnó...— no hicieron en ese periodo donativos relevantes.

Otros destacados donantes de Convergència, no incluidos en las investigaciones, también lograron jugosos contratos para edificar equipamientos educativos y sanitarios. Un caso es el del Grupo Ortiz, que admitió haber donado 400.000 euros al partido como forma de “estar” en Cataluña. Otro, el de Construcciones Deco, compañía que tras quedarse sin contratos y despedir a más de la mitad de la plantilla, donó 210.000 euros al partido. Tras estos pagos, la compañía logró seis contratos en ambas carteras.

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