El ‘Govern’ sube hasta el 16% el copago para drogodependientes y seropositivos
La Generalitat defiende que ha destinado dos millones de euros adicionales para financiar las plazas
El presupuesto del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, al que la CUP dio su beneplácito el pasado jueves en el Parlament, fija un aumento de hasta el 16% en el copago para seis servicios destinados a personas con drogodependencia y seropositivos. El área capitaneada por Dolors Bassa mantuvo el mismo precio en todos los servicios de la cartera —que están congelados desde 2014—, excepto en los dirigidos a estos dos colectivos y en las residencias para dependientes moderados. Desde el departamento defienden que el precio de estas plazas estaba desfasado con la realidad y por tanto se ha hecho una actualización, que deriva en el aumento de la aportación de los usuarios y de la propia Generalitat.
De acuerdo a las nuevas cuentas, pendientes de la votación final en el Parlament, una persona con problemas de drogodependencia que necesite acceder a una plaza de servicio de comunidad terapéutica con intensidad alta y que se encuentre en el nivel máximo de copago —que se calcula en función de la renta del beneficiario— tendrá que pagar 1.856 euros mensuales. Se trata de un incremento de 259 euros con respecto al año anterior (un 16% más).
En el caso de las comunidades terapéuticas de intensidad media y baja, el incremento con respecto al año anterior es del 16% y del 9%, respectivamente. Los usuarios con más renta se verán abocados entonces a desembolsar 114 euros y 190 euros adicionales.
La misma situación se presenta en los servicios temporales de hogar con apoyo o de hogar residencia para personas afectadas por el virus VIH y enfermos de sida. El incremento es del 11% para los dos servicios: 108 y 165 euros mensuales, respectivamente.
Unas plazas infrafinanciadas
Una de las reivindicaciones históricas de las entidades que operan los servicios de hogar y pisos para personas con drogodependencia y seropositivas era la subida del precio por plaza, que consideraban infrafinanciadas. Se trata de servicios destinados a una población relativamente pequeña y específica y que requieren mucho acompañamiento adicional, especialmente si hay riesgo social adicional.
El otro servicio de la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales que se ve modificado es el de la residencia asistida para dependientes de grado dos (moderado), una de las más extendidas. Las cuentas prevén un aumento del 4% en la aportación de los usuarios, unos 45 euros mensuales en el caso del copago máximo. Un beneficiario en esta situación pasará de pagar 1.267 euros mensuales a 1.312 euros.
Un portavoz del departamento asegura que el reajuste en los precios de las plazas se ha realizado para “asegurar la viabilidad de las entidades que prestan el servicio” y niega que exista un afán recaudatorio. La actualización del precio por cada paciente, agrega, ha llevado a que la Generalitat tenga que aumentar en dos millones de euros la partida para los programas de estos dos colectivos y el de personas con problemáticas derivadas con enfermedades mentales.
Al realizar este nuevo cálculo, defienden desde el departamento, es necesario también actualizar el nivel de copago que se ha de cobrar por la plaza. Esto se hace fijando su importe máximo, que sirve de baremo para las evaluaciones individuales. “También se ha aumentado el módulo social, es decir, la parte gratuita”, explica el portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales.
Según cálculos realizados por el grupo del PSC en el Parlament, el copago por un servicio de piso con apoyo para un drogodependiente de alta intensidad ha subido un 72% desde 2012. En el caso de los servicios de hogar con apoyo para seropositivos, de intensidad alta, la subida ha sido del 71% en el mismo periodo. El diputado socialista Raúl Moreno criticó el pasado jueves a Bassa por hacer “trampa” ocultando estas subidas en la presentación de las cuentas de su departamento.
La revisión integral de la cartera de servicios ha sido postergada por el Gobierno catalán hasta que se apruebe la Agencia Catalana de Protección Social. La CUP, que votó favorablemente la sección del presupuesto, abogó por un “cambio en el modelo social” y, a pesar de su apoyo, calificó las cuentas de continuistas.
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