La subida de la RGI desata la primer aluvión de críticas al Gobierno vasco

La decisión del Gobierno vasco de aplicar una subida mínima del 1,5% (lo equivalente al IPC) a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), en lugar de incrementarlo un 8%, como se hará este año con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha desencadenado una lluvia de críticas de la oposición, los sindicatos y de colectivos de afectados. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha justificado este lunesla controvertida medida anunciada el pasado sábado al considerar que la RGI y el SMI son dos conceptos "diferentes", ya que la primera "intenta evitar la caída en la pobreza y fortalecer la cohesión social, mientras que el segundo está relacionado con las rentas del trabajo".

La RGI y el SMI son prestaciones que en Euskadi están vinculadas, por lo que su cuantía debe ir pareja, según la normativa vasca. Un Real Decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros establece un incremento del 8% del salario mínimo, lo que llevaría consigo la misma subida de la renta social a los desfavorecidos, pero el Ejecutivo autonómico ha aprobado elevarla en un 1,5%, equivalente a la variación del IPC al cierre de 2016. De este modo, el Gobierno de Urkullu no tendría que reservar del orden de 30 millones para este capítulo en el presente ejercicio.

EH Bildu y Podemos exigieron ayer al Gobierno vasco que dé un paso atrás y equipare la subida de la RGI a la del SMI. La coalición abertzale ha acusado al Ejecutivo de "violar" la ley que regula la prestación social, porque, según ha recordado la parlamentaria Nerea Kortajarena, la ley vasca de Garantía de Ingresos vincula las cuantías de ambas prestaciones. Negarse a esta equiparación "va contra los establecido por la ley" por lo que Urkullu "está vulnerando y desobedeciendo" la normativa que él voto y que el Parlamento Vasco aprobó, ha comentado Kortajarena.

En la misma línea, el parlamentario de Elkarrekin Podemos y miembro de Ezker Anitza-IU Jon Hernández ha salido al paso de las declaraciones de Urkullu, después de que este haya hecho un llamamiento a "huir de demagogias" con este tema. Ha opinado que aumentar un 8% la RGI es "asumible" y representaría unos 50 euros más al mes para los receptores de la RGI. "No es de recibo que se recorte a los que más lo necesitan", ha señalado.

El sindicato LAB ha exigido que la RGI recupere el recorte del 7% que se aplicó en 2012 y sobre esa cantidad suba otro 8% como corresponde tras el incremento del salario mínimo. Y el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza,muy descontento con la medida del Gobierno, ha mostrado su deseo de que el debate sobre la RGI se traslade al Parlamento vasco y no a los Presupuestos vascos.

La Plataforma de Afectados por Lanbide, por su parte, ha interpelado a la nueva consejera de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, por la decisión de subir el mínimo la RGI y ha aprovechado para cuestionarle por el "caos" del servicio vasco de Empleo. "La gestión de esta institución es nefasta, con un retraso de documentación que se remonta a tres años, es decir, están revisando, actualmente, el año 2013".

Además de criticar la "pésima gestión" y los "atrasos en la administración de la RGI", este colectivosostiene que las ayudas sociales "hoy por hoy, en la mayoría de los casos, solo sirven para pagar el alquiler y en algunos casos ni llega".