Un campo más viejo y más solo

La Comunidad Valenciana supera las 192.000 hectáreas de cultivo abandonado

Un campo de caquis.
Un campo de caquis.MÒNICA TORRES

El sector envejece y se abandona cada vez más”. Así resume el secretario general de La Unió de Llauradoros i Ramaders, Ramón Mampel, el futuro incierto al que se enfrenta el sector agrícola y ganadero valenciano. Pierde profesionales, sobre todo jóvenes -sólo el 2% de quienes viven de él tiene menos de 34 años-, acumula hectáreas de cultivo y explotaciones abandonadas y se enfrenta a una “guerra de precios” que complica, según Mampel, su supervivencia.

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En un margen de 10 años, la Comunidad Valenciana, con algo más de 600.000 hectáreas cultivadas, ha incorporado al ránking de tierras improductivas casi 37.000 hectáreas entre las tres provincias, según datos del Ministerio de Agricultura. Si en 2005 el número de cultivos abandonados se extendía por una superficie de 155.445 hectáreas, en 2010 la cifra ascendía a las 176.755, y un lustro después, en 2015, son 192.315 las hectáreas de cultivo improductivas.

En el abandono de tierras “han influido múltiples factores”, como la falta de relevo generacional, recuerda Mampel. No obstante, entre ellos destaca otro: “la especulación urbanística” de años atrás, que alentó esta práctica para dar salida a PAI “que nunca se construyeron”.

No más alentadores son los datos que arroja el censo agrario, elaborado cada diez años, y que recoge la edad de los titulares de explotaciones agrarias. Si en 1999, de los 222.000 propietarios en toda la Comunidad Valenciana, sólo el 6% (algo más de 13.000), tenían menos de 34 años, este porcentaje ha caído hasta el 2% en una década, según los últimos datos oficiales.

El último censo agrario, correspondiente al año 2009, indica que el 43% de los titulares de explotaciones agrícolas (casi 90.000 entre Castellón, Valencia y Alicante) tiene 65 años o más.

Destaca en este sentido la comparativa, en el periodo 1999-2009 en la provincia de Castellón: en diez años el número de titulares de áreas de cultivo menores de 34 ha caído un 277% (pierde 1.630 personas). El descenso es más acuciante aún en la franja de edad de los 35 a los 54 años (-564%), mientras que el número de titulares mayores de 65 se dispara un 625% en una década. Es la única de las tres provincias que registra un aumento en esta franja de edad.

En cuanto a ganadería, y según datos del mismo censo, la Comunidad Valenciana ha perdido más de 5.200 explotaciones (un descenso de 57% en diez años) y 257.000 cabezas de ganado (-13,29%).

En la actualidad, y según La Unió de Llauradors i Ramaders en base a los datos de la Seguridad Social, “tenemos aproximadamente unos 13.000 autónomos agrarios en la Comunidad Valenciana; es decir, 13.000 profesionales que se dedican a este sector y viven de él”.

El auge del turismo rural en las comarcas de interior ha generado un “pequeño repunte” de las actividades agrícolas, “pero orientadas en su mayoría a la mera subsistencia, como complemento a la actividad turística” por parte de jóvenes emprendedores. Pero la tendencia, al menos en lo que a la variante profesionalizada se refiere, es la contraria. “Se jubila más gente que la joven que se incorpora”, añade Mampel. “Lo que frena a un joven a dedicarse y a vivir del sector primario es, en primer lugar, que se trata de un trabajo duro. Ya lo decía Serrat: por la mañana rocío, al mediodía calor, por la tarde los mosquitos, no quiero ser labrador”.

Pero la principal traba, a juicio del secretario general de esta organización agraria, es “el riesgo que hay que asumir a la hora de montar una explotación, que inviertes pero no recibes hasta que llega la cosecha, y el hecho de que, hoy por hoy, su rentabilidad es cuestionable”.

“Los préstamos se tienen devolver con precios poco alegres”, señala Mampel, para poner de manifiesto uno de los principales problemas a los que se enfrentan ganaderos y agricultores: la dificultad, con la actual guerra de precios, de cubrir los costes de producción.

Tomando como referencia el sector citrícola castellonense, La Unió estima en 75 millones de euros las pérdidas de esta campaña para los citricultores de la provincia por la bajada de precios y las consecuencias del último temporal. En esta caída tarifaria en picado ha influido, según Mampel, la importación por parte del sector comercial de cítricos de Sudáfrica “cuando la campaña aquí ya estaba en marcha”. “Importar es legal, pero también es legal decirle a la opinión pública qué comercio está importando cítricos teniendo producto aquí”, han añadido desde La Unió.

“Algo está pasando cuando hay abandono de tierras y abandono de jóvenes: precios que no cubren los costes de producción”, sentencia. Por ello, insiste en que una de las alternativas para frenar esta tendencia pasa por “buscar alianzas con los consumidores para decirles que hay cuestiones de seguridad alimentaria y de fitosanitarios que no se pueden obviar; y para incidir en la necesidad de mantener el equilibrio de la riqueza de un país, y de preservar una serie de valores que parece que hoy no tengan importancia”.

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