El año se cierra sin resolver la gestión de los residuos y la polución en la región

Las críticas a la gestión de la Consejería dirigida por Jaime González Taboada vertidas por los grupos de la oposición y organizaciones conservacionistas como Ecologistas en Acción se centran en la supuesta falta de interés del Gobierno regional por el medio natural, que arrastra año tras año los mismos problemas. En su pensamiento se encuentra la calidad del aire, la estrategia de residuos, el cuidado del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama o la falta de planes específicos para especies protegidas, entre ellas, el lince.

Estrategia de residuos: Qué hacer con la basura para cumplir con los objetivos europeos, es una de las grandes incógnitas. La actual Estrategia ha finalizado este año con “nulos avances”, explica el diputado Rafael Montoya (PSOE). Aunque la crisis ha reducido la cantidad de residuos urbanos -de 1,58 kilos de residuos por habitante al día en 2007 a 1,13 en 2014-, el 70% acaba enterrado en vertederos casi saturados como el de Alcalá de Henares, que da servicio a una población de 650.000 personas. La Comunidad de Madrid presentó en septiembre pasado un borrador del nuevo texto, que está discutiendo para que cuente con “el máximo consenso de todos los implicados”.

Contaminación y calidad del aire: Con el dióxido de nitrógeno (NO2) en pleno apogeo invernal, con limitaciones de velocidad y restricciones de entrada de vehículos en la almendra central de la capital, la oposición considera que las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional son casi inexistentes. “Prometieron hace un año revisar el Plan Azul de lucha contra el Cambio Climático y Calidad del Aire y todavía no está”, se queja Alejandro Sánchez, parlamentario de Podemos. La Consejería se defiende y explica que ha emprendido en las últimas semanas la revisión, que, entre otros, tiene como objetivo implementar un protocolo de actuación en caso de superación del NO2.

Mejora y conservación de zonas protegidas: Ecologistas en Acción es muy crítico con las medidas implementadas desde el Gobierno regional para conservar los lugares protegidos con mayor presión de visitantes, por ejemplo, áreas del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. El diputado de Ciudadanos, Enrique Veloso, mantiene la misma opinión y asegura que al PP “solo le ha interesado priorizar los gastos vinculados con consorcios urbanísticos (135 millones) o las obras vinculadas con el antiguo Prisma. En cambio, añade, “no le importa aplazar los gastos destinados a los espacios naturales”. Veloso sostiene que de los 20 contratos que la Consejería ha publicado en 2017, solo tres están vinculados a la protección del medioambiente. Fuentes de la Consejería destacan en este aspecto la nueva normativa que restringe la entrada de vehículos y la prohibición del baño en La Pedriza. Además, comenta los 800.000 euros invertidos en la conservación y mantenimiento de Bosquesur y otros 800.000 en Polvoranca (a falta de las certificaciones de diciembre en ambos casos).

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Ley de Protección de Animales de Compañía: Es la única iniciativa impulsada por el PP en 2016 relativa al Medio Ambiente que aplauden sus oponentes políticos. La Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad un texto que prohíbe el sacrificio de los animales de compañía y solo permite la eutanasia por motivos humanitarios, de salud pública, de sanidad animal o de seguridad. La ley especifica y amplía los casos de maltrato. Como novedad incluye que, con carácter general, la venta de perros y gatos se realizará por catálogo o medios similares que no requieran la presencia física de los animales en las tiendas. El resto de partidos políticos presentó 60 enmiendas al texto de 36 artículos.

Gestión del territorio: El Ejecutivo de Cristina Cifuentes tiene encima de la mesa un borrador del anteproyecto de la nueva Ley del Suelo, según anunció el pasado 24 de octubre. El resto de partidos políticos no ha recibido todavía el documento. El socialista Gómez Montoya critica que el texto –que conocen de forma extraoficial- porque pretende otorgar una amnistía urbanística generalizada a los asentamientos no regularizados, es decir, legitimar ilegalidades sin exigir las cesiones que tuvieron que hacer otros. Además, se prevén usos excesivos del suelo urbanizable protegido. Cifuentes ha anunciado también este año la disolución de la empresa pública Arpegio, que gestiona el suelo público de la región y el Prisma. La presidenta desvinculó la decisión de los problemas judiciales de la empresa –está siendo investigada dentro de la trama Púnica-. Lo que se persigue es reducir “gasto público y prestar mejor servicio”, aseguró. La Consejería destaca asimismo el nuevo Prisma para el periodo 2016-2019, que destinará 700 millones de euros para la realización de obras y servicios en los ayuntamientos de la región.