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Solo 40 familias han pedido este curso la escolarización en castellano

La Generalitat concluye que no hay demanda y pide al Gobierno que derogue la ley que contempla las ayudas

La consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, el pasado noviembre en el Palau de la Generalitat.
La consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, el pasado noviembre en el Palau de la Generalitat.

Apenas 40 familias han pedido, durante este curso, la escolarización de sus hijos en lengua castellana. La ley educativa del Gobierno español obliga a la Generalitat a pagar ayudas para garantizar que los hijos de las familias que así lo soliciten puedan estudiar en castellano y se desmarquen del modelo de inmersión lingüística. La iniciativa, sin embargo, tiene escasa demanda. Desde que se puso en marcha en 2014, apenas se han recibido 154 solicitudes.

Por enésima vez, la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Meritxell Ruiz, pidió en noviembre al ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, la derogación de la disposición de la ley de educación (LOMCE) que obliga a la Generalitat a abonar ayudas de 6.000 euros para garantizar la escolarización en castellano a las familias que lo pidan. Y aunque con el poder ejecutivo su demanda tuvo poco éxito —el ministro se negó—, precisamente el poder judicial le echó esos mismos días un capote: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó un recurso de la Generalitat y pidió suspender el procedimiento de las ayudas de 6.000 euros que prevé la LOMCE hasta que se resuelva el recurso y el conflicto de competencias presentados por el Ejecutivo catalán ante el Tribunal Constitucional (TC).

Más allá del juego político, la medida no cuenta, en términos absolutos, con una gran demanda: sólo 40 familias pidieron este curso la escolarización en castellano. Según el Departamento de Enseñanza, desde que se puso en marcha la medida (con la aprobación de la LOMCE en 2014), el Ejecutivo catalán registró 154 solicitudes. El Ministerio de Educación sólo estimó medio centenar de ellas. La Generalitat, por su parte, ha presentado un recurso a cada una de las peticiones estimadas por el Gobierno central.

“Ya que estamos modificando la LOMCE [el Gobierno aceptó tumbar y redibujar las reválidas], hemos pedido añadir la derogación de la disposición adicional 38 que rompe el modelo de escuela catalana y, pese a tener el apoyo de las CCAA no gobernadas por el PP y también el País Vasco y Canarias, el ministro no ha accedido”, criticó la consejera durante la última Conferencia Sectorial de Educación.

El decreto blinda la educación en castellano en todas las comunidades autónomas. Entre otras cosas, les obliga a pagar una escuela privada cuando no exista una oferta en la pública. La norma recoge que “para llevar a cabo la repercusión a las Comunidades Autónomas correspondientes de los gastos de escolarización de alumnos en centros privados en los que exista oferta de enseñanza en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular (…), el Estado podrá deducir o retener [de los recursos destinados a las CCAA] el importe de los gastos de escolarización en centros privados asumidos por el Ministerio”, esto es, unos 6.000 euros.

El procedimiento es tedioso. Primero, la familia ha de presentar una solicitud de escolarización a la Generalitat. Si es rechazada, la familia matricula al menor en un centro privado que tenga el castellano como lengua vehicular y el Estado tiene seis meses para responder: en caso de concederla, el Ministerio descuenta el importe de las transferencias a los presupuestos de la Generalitat.

Sin embargo, la Generalitat insiste en que no se le ha descontado nada, por lo que no le consta que ninguna familia haya recibido los 6.000 euros. “A la Generalitat no le han descontado ningún importe relacionado con los 6.000 euros. No nos consta ni nos constará porque es una transferencia directa entre la familia y el Ministerio y no nos podemos enterar por las escuelas porque tampoco lo sabrán”, apunta un portavoz de Enseñanza.