La corrupción de CiU y el desafío soberanista van al banquillo en 2017

El caso Palau se empieza a juzgar en marzo. Tiene dos patas. Una, el expolio de fondos (parcialmente reconocido) por el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull. Y dos, la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la entidad musical.

La investigación ha acreditado que el partido recibió 6,6 millones de Ferrovial a cambio de adjudicarle grandes obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. La constructora camuflaba los pagos al partido como donaciones al Palau; a cambio de participar en la trama, Millet y Montull se llevaban una comisión. Daniel Osácar, extesorero del partido, afronta una petición de siete años y medio de cárcel.

Las adjudicaciones del caso Palau se remontan a la última etapa (1999-2003) de Jordi Pujol como president. A esa misma época histórica responde el caso Adigsa. Si la instrucción del escándalo del Palau se prolongó siete años, la de Adigsa —la empresa pública que gestionaba viviendas sociales— se lleva la palma: nueve años. Y además, ha perdido piezas por el camino. El expresidente de Adigsa, el convergente Ferran Falcó, fue exculpado del cobro de comisiones.

El juicio por el caso Adigsa se celebrará en mayo y sentará en el banquillo a siete personas, incluidos excargos de la empresa pública. Uno de ellos, Josep Maria Penin, entregaba los proyectos de rehabilitación de viviendas a constructoras de su confianza sin que tuvieran que someterse a concurso público. A cambio, percibía una comisión. La investigación no ha colmado las expectativas de la Fiscalía cuando presentó la querella en 2005: destapar el llamado 3%, o sea la práctica generalizada de pagar mordidas a la Generalitat a cambio de obra pública.

Unió Democràtica de Catalunya (UDC) estrenará el agitado 2017 judicial con la vista oral contra los antiguos responsables de Catalunya i Territori, la que fue su fundación afín. La Fiscalía les acusa de vaciar los fondos de la entidad y concluye que Unió se benefició con ese desfalco. La fundación eximió al partido de pagar el alquiler de locales y, después, se los vendió “a un precio inferior al de mercado”, según el fiscal, que pedía cárcel para el gerente del partido, Josep Maria Núñez, ya fallecido. En 2013, Unió se convirtió en el primer partido político español que admitió haberse financiado de forma irregular —a través de subvenciones de la UE para formación de parados— en el llamado caso Pallerols.

En octubre se celebra, además, el juicio por el saqueo de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), el ente municipalista ligado a CiU. La Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel para el exsecretario general de la entidad, Josep Maria Matas, y el exjefe de los servicios jurídicos, Xavier Solà, por embolsarse un millón de euros con facturas y trabajos ficticios. Entre 1999 y 2011, Matas —exdiputado de CiU— y Solà —ex número dos de Cultura en el primer gobierno de Artur Mas— desviaron los fondos, presuntamente, para comprarse coches y casas de lujo.

En paralelo a las causas contra la corrupción, llegarán a juicio los procesos derivados del desafío soberanista, que se han instruido de forma mucho más veloz. Mas afronta una petición de diez años de inhabilitación por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 pese al veto del Tribunal Constitucional. Aún más rápido puede ser el proceso contra Forcadell: aunque no hay fecha de juicio, la instrucción está casi acabada. La presunta desobediencia, también al Constitucional, se remonta a una votación sobre el proceso soberanista del pasado 27 de julio de 2016.