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La Junta aprueba el proyecto de Ley de Participación Ciudadana

Los procesos estarán abiertos a mayores andaluces de 16 años y no serán vinculantes

La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, este miércoles Sevilla.
La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, este miércoles Sevilla.

La participación servirá para decidir y tomar parte en asuntos públicos que afecten a la vida cotidiana de los andaluces. Es la máxima a la que aspira el Gobierno andaluz con la aprobación, este miércoles en Consejo de Gobierno, de la Ley de Participación Ciudadana, un texto que incluye la participación de los mayores de 16 años en estos procesos y que, en ningún caso, sus resultados serán vinculantes para la toma de decisiones institucionales. "La voz de los andaluces se va a oír por distintos cauces. No solo va a servir para construir, también para evaluar iniciativas ya realizadas. Es importante seguir la pista a lo que se hace", ha declarado la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Los procesos de participación podrán surgir tanto de los ciudadanos como de las instituciones, y pueden realizarse tanto en el ámbito regional como local. "Es una ley compleja aunque parezca sencilla, porque cambia los cánones entre administradores y administrados", ha señalado Sánchez Rubio, que ha avanzado que el texto no cuenta con memoria económica al ser asumidas las funciones desde la Administración con reestructuraciones del personal existente. "Si supusiera algún coste dependería de la consejería a la que esté vinculada la cuestión", ha aclarado la consejera en un aspecto que ha criticado Izquierda Unida, que fue el partido que propuso la redacción de la ley.

En una catalogación de las modalidades previstas, se han regulado, entre otras, los procesos de deliberación —que necesitarán el apoyo mínimo de 20.000 firmas tras la decisión de una política pública—; elaboración de presupuestos; proposición de políticas públicas, evaluaciones y consultas populares. Todas estas pueden estar vinculadas a elaboración de instrumentos de planificación, leyes y reglamentos, priorización del gasto y prestación de servicios.

"La modalidad que se regula con mayor detalle en la ley es la de consultas populares, definidas como instrumentos para valorar los efectos reales de las actuaciones públicas o para orientar las decisiones sobre las mismas. Dichas consultas podrán llevarse a cabo mediante encuestas, audiencias públicas, foros de participación, paneles y jurados ciudadanos, y consultas participativas", se lee en la nota informativa de la Junta.

Esta ley, que fue propuesta por Izquierda Unida en la anterior legislatura y se paralizó por el adelanto electoral, ha contado en la etapa previa con una sentencia del Alto Tribunal que cuestionaba un texto similar aprobado por el Parlamento catalán por considerar que estas consultas participativas podrían identificarse con un referéndum. "Hemos adaptado el texto a la resolución del Tribunal Constitucional en todos sus términos", ha señalado la consejera, que ha aclarado que aunque las consultas no sean vinculantes, tendrán que ir acompañadas de una explicación de motivos en caso de que no se asuman por parte de la Administración.

Izquierda Unida, por su parte, ha celebrado la remisión al Parlamento de este texto. “Es el tercer proyecto de ley fruto del trabajo de IU en el Gobierno andaluz en esta legislatura. Estamos deseando ver la elaboración legislativa propia del PSOE en la Junta", ha informado el partido en una nota. "Es una ley que IU trabajó con mucho cariño desde el Gobierno autonómico, y que fue elaborada con un proceso participativo de generación y recogida de aportaciones en el que tomaron parte casi 5.500 personas, atendiendo a una gran diversidad de situaciones y de actores de la sociedad andaluza", añade la formación en la nota.

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