Transparencia encorsetada

La Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que cualquiera ciudadano tiene derecho a acceder a la información referente a la gestión de los recursos públicos, es decir, saber cómo y en qué se gasta el dinero de la Generalitat de Cataluña y, en definitiva, nuestro dinero.

A la hora de la verdad, sin embargo, la ley de transparencia se cumple de manera muy marginal, al menos en el ámbito sanitario. Buena parte de las entidades disponen de un espacio de transparencia creado ad hoc para cumplir con los mínimos que fija la norma. Pero es tan mínimo que se podría comparar con algunas ilustres y carísimas infraestructuras: un bonito envoltorio sin nada dentro. De hecho, hay empresas que ni se molestan en tenerlo, pese a que la mayoría de sus ingresos proceden de presupuestos públicos.

La crisis económica del último lustro ha tenido consecuencias funestas, pero también alguna buena. Gracias a la escasez financiera y la necesidad de revisar a fondo las cuentas públicas, han podido aflorar escándalos de corrupción política y económica que afectan a todos los ámbitos de la Administración.

Por este motivo y porque, a diferencia de los trabajadores, aquellos que tienen en sus manos recortar retribuciones y empeorar las condiciones laborales gozan, en muchos casos, de salarios desconocidos, Metges de Cataluña, ha tomado la iniciativa y ha hecho uso de la ley de transparencia para reclamar que se den a conocer los sueldos del personal directivo de las entidades con un 25% o más de ingresos públicos. Entendemos que no es ningún exceso que este personal, que recibe un sueldo que se sufraga en gran parte gracias al presupuesto de la Generalitat, tenga sus retribuciones abiertas a la consulta de cualquier ciudadano.

Pero parece que hemos martillado en hierro frío. La respuesta a nuestra petición es un embrollo burocrático que persigue disuadirnos mientras en paralelo recibimos presiones de todo tipo. El mismo Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) aplicar criterios restrictivos facilitándonos solamente los salarios de los gerentes, pese a que la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública diga que la ley de transparencia afecta a todos los directivos con personal a su cargo. Las empresas, por su parte, envían la información a cuentagotas y muchas tiene la osadía de prohibirnos su difusión. Por descontado, aparecen articulistas y mensajes en las redes sociales que cuestionan la legitimidad y la oportunidad de nuestra actuación. Incluso recibimos llamadas personales haciéndonos ver que “os habéis equivocado”.

La explicación de esta indignación es sencilla. ¿Qué pasaría si se hiciese público que diversos gerentes cobran más de 150.000 euros anuales (el sueldo del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es de 136.834 euros) y que hay quien traspasan los 200.000? Pese a todos los obstáculos, desde Metges de Catalunya persistiremos. Como organización sindical, nuestro compromiso social va más allá de la defensa de nuestros afiliados. Por esto, perseguiremos, denunciaremos y haremos público todas las situaciones irregulares, desiguales o injustas que podamos constatar en nuestro ámbito de actuación.Xavier Lleonart es miembro del consejo ejecutivo de Metges de Catalunya.