Agricultura obligará a la industria alimentaria a donar los excedentes
El anteproyecto de ley andaluz propone la enajenación de tierras para mujeres, jóvenes o desempleados
Evitar que se tire la comida a la basura. La Consejería de Agricultura andaluza tiene previsto en el anteproyecto de ley de Agricultura y Ganadería que las superficies comerciales, las industrias agroalimentarias y otros establecimientos recuperen y entreguen sus excedentes a organizaciones humanitarias para que puedan distribuirlo entre las personas que lo necesiten, o en su defecto, que el alimento pueda ser usado para compostaje. "Será una norma pionera en España que ya se aplica en otros países como Francia", ha detallado la consejera del ramo, Carmen Ortiz, en el palacio de San Telmo.
Respecto al control de la industria, también se establecen medidas para evitar las prácticas abusivas en el sector, como comprar productos perecederos por debajo de coste de un operador, llamada venta a pérdida, para la que se establecerán multas de hasta 800.000 euros o más dependiendo del beneficio obtenido o el daño causado. "Hemos reforzado además el papel de los inspectores para que sean considerados agentes de la autoridad", ha añadido la consejera.
Entre las medidas, Agricultura prevé la enajenación de tierras públicas, que alcanzan las 5.000 hectáreas en la comunidad, con prioridad para las mujeres, los jóvenes, los desempleados agrarios, las administraciones locales o asociaciones con proyectos de economía social. De igual forma se contemplan explotaciones de tierra de atención preferente para la aplicación de incentivos en mujeres, jóvenes, los empresarios de producción ecológica o los que estén en zona protegida. Estas propuestas dan por descartada la medida impulsada por Izquierda Unida de promover un banco público de tierras. Tampoco está prevista la creación de un observatorio de tierras públicas, como se planeó en el anterior gobierno de coalición PSOE-IU.
En el ámbito de la participación se prevé crear el Foro de la Cadena Agroalimentaria, en el que los protagonistas del sector elaborarán un supervisarán un código de buenas prácticas, además del Consejo Asesor Agrario de Andalucía y el Consejo Agroalimentario Andaluz. Estos mecanismos de interlocución se plantean para reforzar la figura de los agricultores y ganaderos, cuyo sector supone el 10% del empleo en la comunidad con 250.000 trabajadores. "Queremos reconocer su figura como agentes del desarrollo económico y del medio rural que garantiza la sostenibilidad y la biodiversidad", ha añadido Ortiz.
También se establecerá una Estrategia Andaluza de Innovación Agroalimentaria y se prevé el fomento de las nuevas tecnologías como la difusión de datos abiertos y cartografías para facilitar la gobernanza en el ámbito local.
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