Condenado el Gobierno valenciano por fallos médicos en un embarazo

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La Generalitat valenciana ha sido condenada en sentencia firme a pagar 50.000 euros a una mujer que, cuando estaba embarazada de 34 semanas, perdió el feto por un tratamiento médico incorrecto en el hospital La Fe de Valencia.

El embarazo de Ana, nombre ficticio de la madre que no quiere ser identificada, no había sido fácil. A los seis meses de gestación se le diagnosticó placenta previa, una complicación que la incluía dentro de los embarazos de alto riesgo. Desde ese momento, el seguimiento de la paciente pasó de la sanidad privada a los profesionales del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital La Fe.

El 18 de noviembre de 2011, Ana acudió al hospital con contracciones y una hemorragia. "Era viernes por la tarde. Me atendieron dos médicos MIR que ni siquiera miraron mi historial en el ordenador, como se ha comprobado más tarde en la investigación. Me hicieron un reconocimiento, consultaron con una superior y me dijeron que era una situación normal y que me fuera a casa. En ese momento pensé que ellas sabían lo que hacían. Ahora sé que no me tenían que haber enviado a casa con mis antecedentes", cuenta.

Tan solo cinco días después, el 22 de noviembre, Ana tuvo que volver a urgencias con un dolor intenso que anunciaba que estaba de parto. En el informe médico se indica que "durante la exploración se aprecia que la cabeza del bebé estaba comprimiendo el cordón umbilical, que sobresalía unos 20 centímetros, sin pulso a la palpación". Ana fue trasladada al quirófano donde se le practicó una cesárea de urgencia al observar que el corazón del feto apenas latía.

Según el informe del perito médico contratado por Ana, durante la visita a urgencias del día 18 de noviembre se incumplieron los protocolos de atención ante una placenta previa con hematoma que establece la Sociedad Española de Ginecóloga y Obstetricia. Además, con la edad del feto, de 34 semanas, y los antecedentes médicos de la madre, lo más recomendable hubiera sido acelerar el parto y no dar el Alta Hospitalaria.

Según se expone en la sentencia, "la lesión fue debida a que las actuaciones no se ajustaron a las que, según el estado de los conocimientos o de la técnica, eran científicamente correctas". Lo que describe como una "falta de servicio" del sistema público de salud, que en términos legales se considera una"pérdida de oportunidad".

El abogado de Ana, Francisco Sanz, asegura que ha sido un proceso complicado, "por tratarse de un servicio y un hospital con un gran prestigio y mucho poder. Para nosotros, lo más sorprendente es que no se siguieran los protocolos para embarazos de alto riesgo". Para Ana ha sido un proceso largo, "hemos tenido muchos problemas para presentar las pruebas y para conseguir un perito que quisiera declarar contra el hospital. Tuvimos que buscarlo fuera de la Comunidad Valenciana".

Los hechos fueron denunciados por Ana y su familia ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que ahora ha dictado sentencia firme. La familia reclamó en su momento daños por 350.000 euros. Finalmente, TSJ obliga a pagar a la Generalitat 50.000 euros de indemnización más intereses. "El dinero es lo de menos. Para mí lo importante es que se reconozca que hubo un error y que tomen las medidas para que no vuelva a suceder".

La Consejería de Sanidad ha declinado hacer valoraciones sobre la sentencia.