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Solo un 35% de las multas lingüísticas se paga voluntariamente

Consumo dicta 159 resoluciones de sanción en los últimos 30 meses

Una parada en el mercado de la Boquería, en Barcelona
Una parada en el mercado de la Boquería, en Barcelona

Solo un 35% de los 159 multados por no etiquetar en catalán desde el 1 de enero de 2014 han pagado voluntariamente la multa impuesta por Consum. Así se desprende de una respuesta parlamentaria del departamento de Empresa al grupo de Ciudadanos, en la que se especifica que hasta el 30 de junio pasado se habían abierto un total de 229 expedientes informativos en todo Cataluña.

La normativa aprobada por el Parlament en 2010  establece en su artículo 128 que los usuarios tienen derecho a recibir en catalán “las informaciones necesarias para el consumo”. En 2011, por ejemplo, se llegaron a imponer 226 sanciones. Un tercio de las multas impuestas en los últimos 30 meses y por un total de 110.150 euros, fueron pagadas de manera voluntaria por los infractores y se corresponden con infracciones tipificadas como leves.

Estas multas ya cobradas de manera voluntaria corresponden en su totalidad en la provincia de Barcelona. Por sectores, los más multados son los restaurantes y bares (13) supermercados (ocho) e hipermercados (tres). En su mayoría se trata de personas jurídicas (47 casos), 17 de los cuales con sede social fuera de Cataluña. Éstos últimos desembolsaron un total de 54.500 euros.

La Generalitat también se ha visto obligada a recurrir al cobro ejecutivo cuando los infractores no han liquidado voluntariamente la sanción económica. Esto podría derivar, por ejemplo, en embargos. Empresa ha iniciado el procedimiento de apremio en 57 casos, que representa un 35% del total, por un valor de 43.300 euros. Los morosos en este capítulo son en su mayoría restaurantes y bares (22 expedientes). Consumo solo ha tenido que recurrir a esta vía con tres empresas que no tienen sede social en Cataluña.

Cuatro recursos

Empresa también asegura que solo le constan cuatro expedientes sancionadores frenados mediante un recurso contencioso administrativo. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular calificaron en su día la medida de “antidemocrática y que afecta a la libertad”. Ambas formaciones incluso aseguraron que llevarían la medida ante el Tribunal Constitucional.

La Generalitat aclaró que la cifra de recursos es “baja” porque suele pasar al menos un año desde que se inicia el expediente sancionador hasta que se presenta el recurso contencioso administrativo correspondiente.