¡Menudo septiembre!

Septiembre ha empezado sin argumentos que permitan alimentar esperanzas de nuevo rumbo político. A la eternización de Mariano Rajoy al frente del Gobierno en funciones hay que sumar el caso del ex ministro de Industria José Manuel Soria —ilustrativo de la mentira sistémica del PP—, la continuidad del titular en funciones del Interior, Jorge Fernández Díaz, —utilizador torticero de los resortes del Estado contra el independentismo— y la cuenta atrás de un calendario judicial aterrador sobre corrupción (Gürtel, Rato, etcétera). Hay que tener la fe del carbonero para que resulten creíbles los pactos presuntamente regeneracionistas que el PP ha establecido con Ciudadanos para esta legislatura. Cada día que pasa es más difícil que los populares puedan afrontar el futuro sin una catarsis que, por lo menos, liquide a buena parte de la dirección.

La mala praxis política va pareja a una lamentable situación socio-económica. El pasado 31 de agosto se batió el récord de ser el día en que más empleo se ha destruido en la reciente historia de España. En una sola jornada desaparecieron 236.687 puestos de trabajo en términos netos. El número de parados que no perciben ayudas roza ya los 1,7 millones de personas. Mientras, desde la reunión del G-20 de Hangzou todo un presidente del Gobierno y un ilustrado y plurilingüe ministro de Economía salían en defensa sindicada del funcionario Soria y justificaban con mentiras oficiosas la elección para representar a España como director ejecutivo del Banco Mundial.

Para alentar algo más al contribuyente sin empresas familiares en Jersey, el Banco de España se sumaba a la fiesta con la noticia de que de la reestructuración del sector bancario, que ha exigido al Estado inyectar directamente 51.303 millones de euros, solo se han recuperado 2.686 millones. Un funeral de lujo para las palabras de Rajoy, de Guindos o Soraya Sáenz de Santamaría, asegurando, en 2012, con aplomo de predicador que el rescate no iba a costar “un solo euro” a los españoles. “Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca”, sentenciaba entonces un categórico Rajoy.

Si las mentiras resultan hirientes, tampoco tranquilizan los silencios del Ejecutivo de Rajoy sobre los problemas que tiene planteados España. Con estos mimbres no es de extrañar que en asuntos enconados y candentes como el catalán, se carezca de otra iniciativa que el inmovilismo y el garrotazo, lo que acompañado de la locuacidad de Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, sobre la mano dura que va a emplear contra el independentismo no hace más que espolear a los ciudadanos catalanes indecisos a participar en la manifestación soberanista de la Diada.

Los separadores siguen brindando oportunidades en bandeja a los separatistas, que diría Castelao. Y en este sentido es de destacar la gran labor del Ministerio del Interior con el veto a la inscripción del Partit Demòcrata Català, la vieja Convergència. Interior aduce, en primer lugar, que el nombre del nuevo partido de Artur Mas se parece mucho al de Demòcrates de Catalunya, los escindidos de Unió Democràtica y socios de los convergentes. Y en segundo lugar, el ministerio considera no ajustado a la ley de Partidos —al no respetar los principios constitucionales— que el PDC declare en sus estatutos que no renuncia a “la vía unilateral para alcanzar el objetivo [la independencia]” .

No deja de ser simpático que una ley con ribetes autoritarios, que se pensó para ilegalizar a Batasuna y que fue votada por la vieja Convergència, haya acabado siendo aplicada al nuevo PDC. Y también resulta curioso, fruto de un súbito absceso izquierdista, que un partido confiese en los estatutos que pretenden su legalización que entre sus fines figura vulnerar la legalidad. Pero que nadie se engañe. En otras circunstancias, la legalización hubiera sido de oficio, aunque ahora cada uno lo aproveche para compactar a sus respectivas parroquias patrióticas. Unos han desempolvado el uniforme de mártires, lo que sería ridículo si, previamente, otro no se hubiera enfundado el de Nerón.

Este mes de septiembre se amontonan los despropósitos del PP y no es extraño que muchos ciudadanos de Cataluña quieran irse de esta España en la que la corrupción a gran escala y la mentira se han convertido, desgraciadamente, en moneda corriente.