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Airbnb recurrirá la sanción de 600.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona

Los portales de alquiler de pisos turísticos también pretenden apelar las multas de 60.000 euros que ya tienen

Turistas en el barrio Gótico de Barcelona.
Turistas en el barrio Gótico de Barcelona. EL PAÍS

Los portales web de alquiler de pisos entre particulares Airbnb y Homeaway recurrirán la multa de 600.000 euros que el Ayuntamiento de Barcelona tiene prevista si comprueba que estas plataformas reinciden en la publicación de anuncios de pisos turísticos sin licencia. Las dos empresas también pretenden recurrir las multas de 60.000 euros que ya se han resuelto, porque consideran que las sanciones van en contra de la legislación comunitaria al responsabilizarles por infracciones cometidas por terceros, es decir, los anunciantes de pisos ilegales.

El Gobierno de Ada Colau ha estrechado el cerco sobre las empresas que ejercen de intermediarios para alquilar los pisos a turistas, y ha aumentado la presión con la amenaza de una multa de 600.000 euros por una infracción "muy grave" de reincidencia en el caso en que estas plataformas sigan sin colaborar con la Administración. Los dos portales se muestran contrarios a esta medida. Hace unos días aseguraban que las sanciones "van en contra de la clase media" porque consideran que su servicio es positivo para las familias que necesitan un sobresueldo, ahora aseguran que recurrirán las posibles multas porque consideran que son "parte de la solución en Barcelona" y que han de defender a sus anfitriones, "que solo quieren llegar a fin de mes, explican desde Airbnb.

"Nosotros solo podemos recordar las normas de cada ciudad a los anunciantes, no podemos obligarlos a cumplirlas", argumenta un portavoz de Airbnb, que ha explicado que los anfitriones que aparecen en esta plataforma "ayudan a deslocalizar los visitantes y los beneficios más allá de las zonas turísticas habituales". Según estas plataformas, la normativa actual no es clara para los anunciantes, y consideran que la decisión de multar a las empresas es contraria a la legislación comunitaria, ya que les responsabiliza por infracciones cometidas por los anfitriones que anuncian sus pisos sin licencia.

Tanto Airbnb como Homeaway también piensan recurrir las multas de 60.000 euros que ya tienen, aunque el pasado miércoles, la teniente de alcalde Janet Sanz aseguraba que estos expedientes, iniciados el pasado septiembre, "están resueltos" y que en los próximos días llegaría la notificación a las empresas. "Tan pronto como lleguen, las recurriremos", afirman desde Airbnb.

Según el portal de análisis de datos insideairbnb.com, que proporciona un número estimado de los pisos turísticos ilegales que aparecen anunciados en Airbnb, de los 14.699 anuncios listados, 11.520 no tienen el número de licencia, y podrían ser ilegales. Al no haber cifras oficiales de los pisos turísticos ilegales, el Ayuntamiento trabaja sobre estas estimaciones, y ha ordenado, en un mes, el cese de esta actividad en 256 pisos, además de estar investigando otros 406 gracias a las denuncias ciudadanas.

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