Los consejeros catalanes reciben la advertencia del Constitucional

Neus Munté, consejera de la Presidencia de la Generalitat, ha confirmado este mediodía que los miembros del Ejecutivo catalán han recibido la notificación del Tribunal Constitucional para que paralicen cualquier iniciativa que active las conclusiones sobre el proceso constituyente. “Nos damos por enterados. Algunos ya tenemos experiencia”, ha ironizado Munté al recordar que ya vivieron una situación similar tras la aprobación de la declaración secesionista del 9-N. Con todo, la también portavoz del Ejecutivo ha recordado que el Ejecutivo español tenía ganas de que el Constitucional fuera más allá de lo que ha ido al instar la vía penal.

“Escuchando las palabras y el tono de Sáenz de Santamaría, el deseo del Gobierno era que el TC fuera más allá. Lo que ha hecho el Tribunal es decretar la suspensión automática. Una vez: estamos decididos a cumplir el mandato democrático del 27-S”, ha sostenido la portavoz que ha reiterado el mensaje de Carles Puigdemont de “obedecer” al Parlament eludiendo expresamente el término “desacatar” que sí que emplea de forma sistemática la CUP y este lunes el diputado de Esquerra. Munté no ha querido especular sobre la posibilidad de que se acaben tomando medias contra Carme Forcadell y Puigdemont y ha señalado: “De momento estamos aquí. Venimos de dónde venimos y sabemos cómo ha actuado el PP a los representantes políticos que actúan a favor de la democracia. Es inimaginable, que se actúe contra la residencia del Parlament. Solo se han lo que hace todos los Parlmentos del mundo: discutir y aprobar unas determinadas conclusiones”.

Ajeno a la decisión del Tribunal Constitucional que ya ha suspendido cinco de las denominadas estructuras de Estado, el Gobierno catalán aprobó varias medidas concebidas para cuando Cataluña sea independiente. Por un lado, aprobó el anteproyecto de la ley portuaria para regular aspectos náuticos, comerciales, turístico y de pesca con la intención de incluir los Puertos de Barcelona y Tarragona –de competencia estatal- e impulsó nievas normas para recuperar el impuesto nuclear y el de las grandes áreas comerciales con el fin de recaudar 40 y 15 millones de euros, respectivamente.